En su comunicado, la Presidencia ha afirmado que actúa siguiendo las recomendaciones de la comisión de investigación del suceso, el más sangriento desde el fin del Apartheid en 1994.
La comisión recomendó que se presentaran cargos por asesinato e intento de asesinato, después de que se acusara a las autoridades de intentar encubrir lo ocurrido.
En los días previos, otros diez mineros murieron en protestas en una mina de la empresa Lonmin en Marikana, mientras que otras 17 perdieron la vida en otros incidentes con la Policía en los días posteriores.
En el incidente, que tuvo lugar el 14 de agosto de 2012, altos mandos policiales ordenaron desarmar y dispersar por la fuerza una manifestación de mineros considerada ilegal, a pesar de que se preveía un derramamiento de sangre.
Las autoridades abrieron fuego, causando la muerte de 34 mineros y heridas graves a más de 70. Un informe de la Comisión Farlam, publicado en junio de 2015, calificó la operación como "causa decisiva" de los fallecimientos.
En respuesta, la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha dicho que el anuncio del presidente sudafricano, Jacob Zuma, "es un desarrollo importante de cara a lograr justicia para las víctimas y sus familias".
"Si bien las compensaciones por la pérdida de vidas en los trágicos sucesos de esa semana catastrófica de agosto de 2012 es un paso bienvenido, cuatro años es demasiado tiempo para los supervivientes y sus familias", ha dicho el director de AI para África del Sur, Deprose Muchena.
"El Gobierno debe actuar rápidamente para finalizar los pagos y garantizar remedios efectivos y justicia por las 44 vidas perdidas", ha remachado.