Tanto los abogados de Ruto como los del otro acusado, el exdirector de una radio Joshua Arap Sang, han advertido de que los testigos podrían incurrir en mentiras para tratar de inculpar a sus defendidos, mientras que la acusación denuncia presiones a las personas llamadas a declarar.
El magistrado que preside la sala, Chile Eboe-Osuji, ha recordado al comienzo de la vista de este martes que el Estatuto de Roma --instrumento por el que se constituyó el TPI-- establece como delito "influir sobre un testigo, obstruir o interferir en su asistencia, o vengarse" contra él por sus declaraciones ante la corte.
Asimismo, el juez ha añadido que "cualquier revelación de la identidad de un testigo cuya identidad ha sido protegida supone un delito", según ha informado el propio tribunal en un comunicado. El lunes, compareció ante la sala una mujer identificada como P-0536 y que habló tras una cortina, con la voz distorsionada y la cara pixelada.
El TPI contempla una pena de hasta cinco años de cárcel o una multa para quien cometa los delitos mencionados.
Ruto responde ante el TPI por su supuesta responsabilidad en la violencia registrada tras las elecciones de diciembre de 2007, que se cobró unos 1.200 vidas. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, también deberá sentarse en el banquillo --a partir de noviembre-- por cargos relacionados con esos enfrentamientos.