En 2014, el Gobierno aprobó la normativa reguladora del régimen retributivo de las energías renovables que, según se dijo entonces, se basaba en los informes de unas consultoras independientes que habían calculado los costes de cada tecnología y la retribución justa que debían tener, lo que en la práctica supuso un recorte de las primas del sector.
Sin embargo, las empresas de renovables detectaron que el Ministerio había rescindido su contrato de consultoría con Boston Consulting y aportado un informe técnico de Roland Berger con fecha posterior a la publicación de la normativa de renovables, por lo que decidieron recurrir al Tribunal Supremo (TS).
Ahora, el Ministerio de Industria reconoce que elaboró los nuevos estándares retributivos para las renovables "exclusivamente" a partir de su propio trabajo, concretamente de los análisis presentados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDEA), sin contar con informes de consultoras externas.
LEGISLA PARA EL OLIGOPOLIO
En estas circunstancias, la diputada de ICV ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para su debate en el Pleno y en la Comisión de Industria en la que propone reprobar al ministro del ramo, José Manuel Soria, por haber "actuado desde la opacidad, el engaño y la arbitrariedad" en la fijación de los parámetros a partir de los cuales se calculan las retribuciones a las renovables.
Y es que, recuerda Ortiz, el propio ministro aseguró en noviembre de 2013 que habían contado con unas consultoras externas para preparar la normativa pero, cuando la aprobó en junio del año pasado, "se negó a hacer públicos los estudios en los que se basaba".
"Ahora sabemos por qué el Gobierno se negaba a aportar los informes: resulta que han aprobado unos recortes de 3.000 millones de euros que han significado un parón en el crecimiento de unas energías que han de ser el futuro del país, dejando el sector al borde de la ruina, sin contar con los informes en los que se había de basar, y que nos dijeron que eran en los que se habían basado", critica la diputada catalana.
A renglón seguido, señala que este "engaño" de Industria está motivado por su interés en calcular las primas a las renovables "sin basarse en unos criterios objetivos", ya que "uno de los objetivos de la reforma eléctrica del Gobierno era recortar" precisamente esas primas para favorecer a los combustibles fósiles y a las empresas del oligopolio energético.
AMPARO AL PRESIDENTE
De hecho, la propia Laia Ortiz también solicitó al Gobierno que le enviara esos informes de las consultoras privadas en los que se había basado la regulación de las retribuciones a las renovables, el 15 de julio de 2014, sin que el Ministerio cumpliera con su obligación en el plazo fijado por el Reglamento del Congreso.
Esto llevó a la diputada de IU-ICV a pedir amparo al presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, instándole a que se dirigiera a Industria para reclamar la respuesta, ante lo que "el Gobierno volvió a mirar hacia otro lado". "Esperamos que la tercera sea la vencida", añade Ortiz, que ha aprovechado la polémica para volver a registrar una petición de amparo a Posada con la intención de conseguir la documentación una vez más.
En cualquier caso, la representante de la Izquierda Plural cree que la "acumulación de desastres" de Soria al frente del Ministerio justifica tanto la reprobación del Congreso como su dimisión, ya que este caso es a su juicio "muy grave" porque el titular de Industria podría incluso "haber prevaricado".
"Que el informe sea posterior (a la normativa) demuestra la cruzada que mantiene el Gobierno contra las energías renovables para mantener los privilegios del lobby nuclear a Iberdrola, Endesa o Gas Natural. Es penoso que el Gobierno actúe con esta opacidad y arbitraridad. El Gobierno siempre toda las decisiones en base a los intereses de las grandes empresas", concluye la diputada.