"Las órdenes de los tribunales son obligatorias. La ley es muy clara y el no cumplirla implica responsabilidades. Confío en que (los funcionarios) sean responsables y las movilizaciones que hagan no afecten el sistema de justicia", dijo el ministro en declaraciones que hoy recoge el diario El Mercurio.
Maldonado destacó que el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso para mejorar el sistema penitenciario contempla la incorporación de 6.000 funcionarios uniformados en los próximos seis años y un gasto anual de unos 80.000 millones de pesos (unos 142 millones de dólares).
"Hemos detallado los criterios para aumentar las plantas de funcionarios uniformados el 56%. El esfuerzo que está haciendo el Gobierno es clarísimo, enorme e histórico", indicó.
Sin embargo, las agrupaciones de funcionarios de Gendarmería, que ayer se reunieron durante tres horas con el ministro de Justicia, consideran insuficiente la oferta del Gobierno, ya que no contempla la incorporación de funcionarios civiles que llevan a cabo tareas administrativas y de reinserción.
Los dirigentes de los funcionarios carcelarios anunciaron que este lunes rechazarán el ingreso de detenidos a los centros penitenciarios y que tampoco llevarán a reclusos a los tribunales, aunque mantendrán la atención de las visitas a los reos para no perjudicarlos.
Los funcionarios de Gendarmería denuncian malas condiciones laborales y falta de personal para enfrentar la grave situación en que, a su juicio, se encuentra sumido el sistema penitenciario chileno.
Al hacinamiento y la superpoblación de las cárceles se suman riñas y conflictos que solo en los últimos días dejaron un saldo de doce reos muertos en el penal Colina II, situado en la zona norte de Santiago de Chile.
Dos presos murieron el pasado 8 de mayo a causa de un enfrentamiento entre reclusos ocurrido en el penal, mientras que dos semanas antes un incendio que se originó durante una pelea entre grupos rivales se cobró la vida de diez reos más.