El Gobierno tiene previsto dejar aprobada gran parte del desarrollo normativo de la Ley del Juego, publicada en mayo de 2011, antes de las próximas elecciones generales del 20 de noviembre, para lo que aprobará a mediados de noviembre dos reales decretos, 13 ordenes ministeriales y tres resoluciones normativas, así como la convocatoria de las nuevas licencias del juego, según ha anunciado el subdirector general de Regulación del Juego, Juan Carlos Alfonso.
Así, durante su participación en las jornadas iGaming Summit'11 en Madrid, Alfonso ha señalado que actualmente el borrador del Real Decreto de Licencias y Registros y el Real Decreto de Sistemas Técnicos, que desarrollan la Ley del Juego, ya han sido notificados a Bruselas y actualmente están en el Consejo de Estado, que previsiblemente efectuará su dictamen preceptivo a principios del mes de noviembre.
Además, el Ministerio de Economía y Hacienda trabaja en una orden ministerial para regular la tasa que los operadores que quieran entrar en el negocio del juego en España deberán pagar para financiar a la administración reguladora del juego, así como otras 12 órdenes ministeriales que regularán cada uno de los tipos de juegos, como concursos, apuestas deportivas, etc.
Todo este desarrollo normativo está previsto que se apruebe en un Consejo de Ministros previo a las elecciones, junto a la convocatoria con los requerimientos necesarios para hacerse con una de las licencias que permitirán a las empresas que lo deseen entrar en el negocio del juego en España. La previsión del Ejecutivo es que las primeras licencias puedan estar otorgadas para principios de enero de 2012.
Sobre esta convocatoria, la directora general de Ordenación del Juego, Inmaculada Vela Sastre, ha avanzado que el Gobierno no ha establecido ningún "número clausus", por lo que todas las compañías que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley del Juego y en el desarrollo normativo tendrán derecho a una licencia.
INFORME DE LAS CC.AA.
En este sentido, el subdirector general de Regulación del Juego ha indicado que toda aquella entidad que aspire a hacerse con una licencia de juego deberá presentar un informe preceptivo de la comunidad autónoma en la que tenga radicada su sede, así como otro informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente de la Secretaría de Estado de Economía.
Asimismo, para obtener una de estas licencias, las entidades deberán acreditar mediante un proyecto de desarrollo que disponen de una capacidad suficiente como para dar un servicio de calidad a los jugadores que usen su servicio y que cuenta con los mecanismos necesarios para proteger a los usuarios más vulnerables, como los menores o las personas con ludopatía.
En cuanto a las garantías financieras, la propuesta que baraja Economía es solicitar un capital social mínimo de 100.000 euros a los candidatos a una licencia en general y de 60.000 euros para aquellos candidatos que aspiren exclusivamente a una licencia que les permita desarrollar un concurso televisivo.
Además, los aspirantes deberán presentar antes de obtener licencia los contratos que tienen con los operadores de telecomunicaciones para que el regulador pueda establecer cuál es la responsabilidad de cada cual en caso de que se produzca alguna de las infracciones contempladas en la Ley del Juego. Una vez que se publique la convocatoria a mediados de noviembre, los aspirantes tendrán un plazo de 20 días hábiles para presentar su solicitud.
Fuera de la regulación normativa que prepara el Gobierno quedará el Real Decreto de Publicidad del juego y la constitución de la Comisión Nacional del Juego (CNJ), órgano regulador del sector del juego previsto en la ley. Ambos proyectos serán responsabilidad del próximo Gobierno que salga de las elecciones del 20 de noviembre, según ha señalado la directora general de Ordenación del Juego, quien ha explicado que dado el adelantamiento de las elecciones "no se ha podido constituir" la CNJ.
CRÍTICAS DEL PP
Por su parte, el portavoz de Juego en el grupo parlamentario del PP, Antonio Gallego, ha criticado las "prisas" del Gobierno por "dejarlo todo atado y bien atado", con lo que "hipoteca" al sector para los próximos 10 años, y ha avisado de que, en el caso de que el PP gane las próximas elecciones generales, "revisará" el reglamento normativo del Ejecutivo.
En este sentido, Gallego, quien ha asegurado que en este tema el PP no tiene ningún motivo "electoralista" para ser crítico con el Ejecutivo, ha pedido al Gobierno que "eché el freno" y apure los plazos que marca la ley para "alargar el periodo transitorio" previsto en la ley para aprobar el desarrollo normativo y la convocatoria de las licencias.
"Pensamos que el último Consejo de Ministros --del actual Gobierno-- no tiene que servir para darle prisa a todo este proceso, pensamos que el Consejo de Ministro debe servir para ganar tiempo", ha subrayado.
En cuanto a las propuestas del PP en materia de juego, Gallego ha anunciado que el partido está "abierto a revisar la fiscalidad" que soportan las empresas que se dedican al juego y a instar a las Comunidades Autónomas en donde gobierna el Partido Popular a "mejorar la fiscalidad del juego presencial".
Además, sobre la CNJ, cuya constitución dependerá del próximo Gobierno que salga de las urnas, ha indicado que "no sirve para nada" y supone un gasto para el Estado, por lo que lo ha considerado "un órgano perfectamente prescindible".
En general, Gallego ha criticado la actuación del Ejecutivo en la tramitación de la Ley del Juego, que a su juicio, "se produjo para privatizar Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y hacer caja", y ha asegurado que el PP ya avisó al Ejecutivo que no la privatización de LAE iba a ser "una ruina" debido a la falta de liquidez de los mercados y la calificación a la baja de España.
Los beneficios netos para los sitios web que explotaron el juego 'online' en España superaron los 500 millones de euros en 2010, lo que daría un volumen de más de 10.000 euros jugados, según datos recogidos por la organización de las jornadas iGaming Summit'11.
La Ley del Juego, publicada en mayo de este año, reguló por primera vez en España el negocio de las apuestas 'on line' y creó un nuevo régimen fiscal para las apuestas 'on line', así como un sistema de licencias para los operadores que quieran operar en España que garantiza la protección a los menores y a las personas que sufren ludopatía.
La directora general de Ordenación del Juego ha destacado que la nuevas licencias de juego aportarán seguridad a los usuarios y supondrán una recaudación "importante" para las arcas públicas, ya que, al no estar regulado, hasta ahora las páginas web de apuestas "prácticamente no han pagado impuestos". En este sentido, Vela Sastre ha anunciado que su departamento ha establecido un censo de las empresas que actualmente están operando en este sector y, a partir de enero, actuará de forma estricta y rigurosa" contra aquellas que actúen sin una licencia.