La vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue recurrida ante el TC por el PP y por el Gobierno de Navarra. El actual Ejecutivo del PP ya presentó un anteproyecto para reformarla, pero no hay noticias sobre la sentencia de la anterior.
Con su carta, Llamazares quiere saber en qué estado de tramitación se hallan esos recursos, admitidos a trámite por el TC en junio de 2010, y pregunta a Pérez de los Cobos si se puede adelantar alguna fecha previsible para las sentencias.
MÁS AGILIDAD
IU pide "encarecidamente" que "se agilice la sentencia, con independencia de los ritmos que el Gobierno imprima a la tramitación del nuevo anteproyecto de ley de reforma de la ley contra la que recurrió en 2010".
"Sin entrar en las causas profundas del retraso que sufre la jurisprudencia constitucional --argumenta Llamazares--, no se puede ignorar que en este caso concreto, este retraso puede ser utilizado como un instrumento de carácter claramente político".
El parlamentario de Izquierda Unida señala que, habida cuenta que ya se trabaja en una nueva ley sobre la materia, "el retraso de la sentencia podría resultar útil para el Gobierno, y también para la mayoría parlamentaria que lo apoya, que legisla sabiendo que la intervención del Tribunal no supondrá un cedazo efectivo que condicione su actividad normativa".
Y, además, avisa de que, "en el caso de que el pronunciamiento constitucional se produzca con posterioridad a la aprobación de una nueva ley, la sentencia sería 'papel mojado', fuera de contexto, vacía de contenido y con una efectividad meramente retórica".