El acuerdo responde a una petición formulada por la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, a la que se sumó después el órgano de gobierno de los jueces, según ha informado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno.
El Gobierno valenciano considera que los interventores de la Generalitat son "los técnicos más adecuados" para prestar la colaboración especializada reclamada por jueces y fiscales que intervienen en procesos abiertos por supuestos delitos económicos relacionados con la corrupción, auxilio que, además, no incrementa las costas del proceso judicial.
El convenio aprobado establece el procedimiento que se ha de seguir con el fin de ordenar y regularizar la colaboración de este departamento de la Generalitat con la Justicia, para que esta pueda prestarse de manera que "agilice la tramitación de los procesos judiciales sin provocar problemas internos en el seno del organismo público".
La ayuda de la Intervención General en aquellas investigaciones penales relacionadas con el sector público de la Generalitat podrá consistir en la petición de datos, antecedentes o informes que obren en poder de este departamento; la elaboración de informes técnicos y la celebración de reuniones informativas, aclaratorias o de coordinación.