El Ministerio sale así a aclarar las informaciones que podrían vincular al exministro con la investigación que se realiza sobre las presuntas irregularidades en los contratos de la sociedad estatal Acuamed con FCC y, en concreto, por una presunta indemnización fraudulenta por daños en la desaladora Bajo Almanzora.
El comunicado admite que el exministro se reunió con representantes de FCC para conocer su reclamación, que no ha sido satisfecha, y en este contexto recuerda que la fecha en que Arias Cañete cesó como titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para presentarse a las elecciones europeas fue el 28 de abril de 2014.
En concreto, el Ministerio admite que el hoy comisario de Clima y Energía de la UE mantuvo una reunión con representantes de FCC el 24 de febrero de 2014, dos meses antes de su cese, en la que estuvo acompañado por un Abogado del Estado.
La cita fue solicitada por la empresa y se incluyó en la agenda por parte del gabinete del ministro, quien a su vez pidió información a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la situación del proyecto de planta desaladora de Bajo Almanzora en Almería.
La desaladora fue promovida por la sociedad Acuamed, S.A. y adjudicada en 2006 a la UTE formada por las empresas FCC Construcción, S.A.-Befesa, Construcción y Tecnología Ambiental, S.A.-Servicios y Procesos Ambientales, S.A.- Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A. El contrato de proyecto, ejecución de obras y operación y mantenimiento fue suscrito con dicha UTE el 25 de septiembre de 2006, y las obras se iniciaron el 31 de mayo de 2007.
Además, el Ministerio añade que en aquella reunión los representantes de FCC plantearon una reclamación de la UTE adjudicataria del contrato de la planta desaladora de Bajo Almanzora en relación con los daños provocados en la misma por la riada ocurrida en septiembre de 2012, en la que pedía que Acuamed se hiciera cargo de la reparación de todos los daños.
Ante esta situación, asegura que la "única conclusión a la que se llegó en la reunión del 24 de febrero de 2014", a iniciativa del ministro fue trasladar a los representantes de FCC la "necesidad" de que la Abogacía del Estado analizara, con carácter previo a cualquier actuación por parte de la sociedad Acuamed, dicha situación, con el fin de valorar jurídicamente las responsabilidades de cada parte en cuanto a los daños ocasionados en la planta del Bajo Almanzora.
El Ministerio añade que casi dos meses más tarde, el 10 de abril, a solicitud del Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Acuamed, el Abogado del Estado Coordinador Jefe del Convenio de Asistencia Jurídica a dicha sociedad evacuó informe en relación con el proceder respecto de la situación vinculada a los daños ocasionados en la planta desaladora del Bajo Almanzora, concluyendo la existencia de corresponsabilidad entre dicha sociedad y la UTE adjudicataria en cuanto a dichos daños.
En este contexto, el departamento que en funciones dirige Isabel García Tejerina considera que "conviene recordar" que ni la liquidación correspondiente a los trabajos ejecutados por la UTE en el marco del contrato de proyecto, obra, operación y mantenimiento de la planta desaladora Bajo Almanzora, ni la liquidación del proyecto complementario suscrito con la misma UTE en 2009, ni la reclamación de dicha UTE relativa a los daños ocasionados por la riada de septiembre de 2012 han sido abonados por la sociedad Acuamed.
En concreto, subraya que el Consejo de Administración de ACUAMED "nunca procedió a aprobar ni estas liquidaciones ni el pago de los costes de reparación de la planta desaladora".
Sí admite el Ministerio que la "única partida" presupuestaria de la sociedad Acuamed relativa al concepto 'Reparación desaladora de Bajo Almanzora' es de los presupuestos del año 2016. La partida, según confirma, es de 14,55 millones de euros pero "no ha sido ejecutada", pues corresponde a una habilitación de crédito y sin que constituya obligación alguna de gasto.
Finalmente, defiende que un año antes, en febrero de 2013, la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobó una instrucción de obligado cumplimiento en materia de contratación para su adopción por las sociedades estatales del agua, con el fin de reforzar la transparencia de los procedimientos y minimizar la subjetividad en las adjudicaciones.