Al parecer, según como apunta este rotativo, la petición de intervenir las conversaciones del joven, que desde febrero está internado en un centro de menores, fue realizada por la Fiscalía de Sevilla, que entendía que estas escuchas podían ser relevantes para localizar el cuerpo de la víctima, sobre todo, si los implicados se ponían en contacto entre sí.
El Ministerio Público argumentaba la solicitud en que los jóvenes habían incurrido en diversas contradicciones en relación a cómo se deshicieron del cuerpo de Marta, pero el juez de Menores número 3 de Sevilla, Rafael Cuerda, sostuvo en su resolución que la existencia de contradicciones en sus testimonios no puede servir cómo un indicio de que a través de las escuchas se va a descubrir algo relevante sobre el paradero del cadáver de Marta.
Las mismas fuentes explicaron que el magistrado argumentó su rechazo a los pinchazos en que no todos los métodos son válidos para obtener la verdad y que ésta no se puede obtener a cualquier precio.
La resolución recordaba que el secreto de las comunicaciones y la intimidad del menor son derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española que sólo pueden limitarse por expresa decisión jurisdiccional. De hecho, la ley faculta a los jueces para acordar las escuchas siempre que la resolución esté motivada y haya indicios de que se podrá descubrir algún hecho importante de la causa.
La negativa del juez fue recurrida por la Fiscalía hispalense, pero el magistrado volvió a insistir en que no autorizaba las escuchas y el Ministerio Público no elevó ningún recurso ante la Audiencia de Sevilla, con lo que las comunicaciones del menor de 15 años nunca llegaron a ser intervenidas desde que está internado.