La redacción final del Proyecto, según ha informado este partido, incorporará, tal y como había considerado "imprescindible", la obligatoriedad de informar de la intervención al menos a uno de los padres, tutores legales o, en su caso, los ostentadores de la patria potestad de las embarazadas de 16 y 17 años.
Igualmente, se ha acordado un supuesto de excepción para aquellas menores que puedan alegar fundadamente que dicha comunicación pueda suponerles un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.
El diputado del PNV, Joseba Aguirretxea, ha explicado que, aunque la nueva ley contenga excepciones, "la norma general" es que las menores entre 16 y 17 años "tienen que informar obligatoriamente a sus padres" o tutores legales o los que ostenten la patria potestad. "Habrá excepciones en las que fundadamente se demuestre que hay una situación de desarraigo, desamparo o que esa decisión puede provocar malos tratos o violencia familiar", ha argumentado.
El diputado del PNV ha señalado que el modo en que se decidan estas excepciones se tendrá que estipular a través de un reglamento o de un protocolo de actuación, que ha dejado en manos de cada sistema autonómico de salud.
En cuanto a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, el PSOE y el PNV han acordado que este derecho no podrá suponer "un menoscabo del acceso y la calidad asistencial de la práctica del aborto".
En tercer lugar, el grupo parlamentario vasco ha asegurado que se variará la redacción de varios artículos para que se respeten las competencias sanitarias transferidas a las Comunidades Autónomas.
La formación en salud sexual y reproductiva en el sistema educativo incluirá la formación en valores, con una visión de la sexualidad en términos de igualdad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres, ha asegurado el PNV.
Opiniones encontradas
IU y ERC han mostrado ya su desacuerdo sobre el pacto entre el PNV y el PSOE. Gaspar Llamazares ha afirmado que a su grupo parlamentario le gustaría que fuera "optativo" que la menor informara a sus padres. "Nuestros principios son que la menor decide, igual que la mujer de 25 años", aunque Llamazares ha explicado que IU no se opone a que haya información a uno de los padres, siempre que prevalezca el derecho de decisión de la menor. Sin embargo, "si hay mecanismos que establezcan una presión intolerable tendríamos nuestras reservas", ha añadido Llamazares.
Joan Tardá ha indicado que su formación ha dejado "claro" que "la primera y la última palabra la tiene la ciudadana". No obstante, se ha mostrado dispuesto a suscribir el acuerdo en el caso de que la joven "siempre" pueda alegar que "comunicar su decisión a los padres puede ser motivo de conflicto".