"Cuando el ciudadano tiene que salir a defender sus propiedades o su vida está fallando el Estado de Derecho". Así de contundente se muestra Felipe Brihuega, secretario general del sindicato Unificado de Policía de Madrid. Pero no sólo eso. Va más lejos. Para los expertos en seguridad, las patrullas callejeras, de partida, no son buenas.
"Es el Estado el que tiene que garantizar la seguridad. No se puede dejar en manos de los ciudadanos, porque es un peligro tanto para ellos como para sus convecinos. Puede llevar a problemas graves, a enfrentamientos", explica Felipe. Sobre todo si se sale armado. Porque hay patrullas y patrullas. Unas, sólo presenciales, generalmente en grupo, para dejarse ver e intentar así disuadir al delincuente. O espantar al cliente, como en zonas afectadas por la prostitución, por poner un ejemplo. Pero otras son más a tener en cuenta por el claro peligro añadido. "Si se llevan armas se puede presuponer que se van a utilizar", concluye el líder sindical. De esta forma, para intentar solucionar un problema se crearía otro. Y más, si se actúa por la noche, donde las cosas no siempre son lo que parecen. "Si alguien quiere defender su propiedad con una escopeta puede provocar un daño mayor que el que pretende evitar. En este caso", indica Felipe Brihuega, "las autoridades tienen que intervenir".
Entonces, ¿qué solución hay? Pues armarse, pero de paciencia, y, ante todo, denunciar. "Estas denuncias y cuestiones es bueno que surjan y se vean para que los políticos puedan cambiar las leyes, porque es cierto que el ciudadano se ve desprotegido. Hay que presionar donde se debe presionar, pero no tomarse la justicia por su mano". O, al menos, lo que se puede conseguir es que bien se pongan más medios bien se ofrezcan alternativas.
Patrullas ciudadanas autorizadas en Italia
En 2009, en Italia se llegaron a autorizar en 2009 grupos de vigilantes ciudadanos. Pero coordinados por la propia Policía. En España no se ha planteado algo así, pero se podría dar esa situación. Antes, se tendría que crear una comisión específica para estudiar el caso. Hay que analizar el ámbito, el porqué "qué problemática hay que el Gobierno o las autoridades centrales, municipales o autonómicas no puedan atacar. Ahí es donde hay que ver qué se puede hacer, porque, a lo mejor, sí que es cierto que entre los vecinos y las propias autoridades se podría solucionar el problema".
¿Seguridad privada?
Puede dar la sensación de que los vecinos toman decisiones como esas porque no tienen dinero para contratar seguridad privada. Desde el Sindicato Unificado de Policía se tiene claro este tema: "Es un negocio y entendemos que la seguridad es algo inherente al propio Estado de Derecho, que el ciudadano no tiene que pagarse en ningún caso la seguridad. Entendemos que las autoridades tienen que dar protección a los ciudadanos, no dejarlos desprotegidos en ningún caso". El ciudadano paga unos impuestos para que se le proteja. Y da igual si es Guardia Civil o la Policía Municipal, Autonómica o Nacional. Pero eso ya es otra historia.