Las leyes, tanto la de Extranjería como la de Bases del Régimen Local, "no dejan el menor resquicio para la duda a la hora de hacer cualquier interpretación", insiste Rumí, que acusa al PP de "utilizar la inmigración para confrontar".
"Los ayuntamientos, todos, tienen que tener constancia de quien vive habitualmente en un municipio", y en ese sentido les obliga la ley, argumenta la secretaria de Estado. "La legislación es clarísima", insiste.
Rumí hizo estas consideraciones en la presentación esta mañana del estudio "Inmigración y remesas informales en España".
Tras insistir en que el empadronamiento es "tanto un derecho como un deber" para "todas las personas que tienen su domicilio en un determinado lugar", recordó que el Ayuntamiento de Vic ha pedido a la Abogacía del Estado que se pronuncie sobre la legalidad de la medida que quiere poner en práctica con el apoyo de todos los grupos políticos. "No adelantemos acontecimientos", dijo Rumí.
Pero ella tiene clarísimo que es lo que dicen las leyes. "Cualquier otra interpretación es ilegal", afirma tras recordar que no es competencia municipal "vigilar" quien vive en España en situación irregular. "Es competencia del Gobierno de la Nación. Cada administración debe ejercer las competencias que la ley le encomienda", aclara.
Ayer, el Ayuntamiento de Vic daba a conocer un informe solicitado a un despacho de abogados barcelonés y que avala las tesis de la alcaldía y del resto de la corporación municipal.
"Espero de los responsables públicos -manifestó la secretaria de Estado- el cumplimiento de las leyes y la reflexión sobre las medidas que se adoptan".
La postura del Partido Popular en este tema le parece a Consuelo Rumí "oportunista" y "poco seria". "El PP -recalcó- sólo habla de inmigración cuando se plantean problemas como éste. Es ya un clásico, y una irresponsabilidad".