En el auto la juez única de Sigüenza e instructora del caso, María del Mar Lorenzo, tipifica los hechos de los veinte procesados como delitos de incendio forestal por imprudencia grave, y añade para ocho de ellos delitos contra la seguridad de los trabajadores y para siete de éstos delitos de homicidio por imprudencia profesional.
La juez ha dictado asimismo un segundo auto por el cual sobresee la causa respecto a los otros nueve imputados, en su mayoría excursionistas que prendieron el fuego en la barbacoa próxima a la cueva de los Casares en la que se originó el incendio, aunque tres de ellos sí están procesados.
Los procesados
Los altos cargos políticos procesados son la entonces consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha -quien dimitió días después del incendio-, Rosario Arévalo, y el entonces director general castellanomanchego del Medio Natural, José Ignacio Nicolás.
Fuentes judiciales han informado de que Nicolás está también procesado, aunque por un error no figure en el listado final del auto de procesamiento, después de que sus hechos los considere la juez como delito en el punto anterior de la resolución judicial.
Otros cargos políticos procesados son el entonces delegado provincial de Medio Ambiente, Sergio David González; el director del parque natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz; el alcalde de Riba de Saelices entre 1999 y 2003 -cuando se hicieron obras en la barbacoa-, Hipólito Sebastián, y el alcalde en 2005, José Luis Samper.
Siete procesados son técnicos de los servicios de emergencias y de medio ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, a quienes la juez achaca un tipo delictivo de homicidio por imprudencia profesional, así como un delito contra la seguridad de los trabajadores, ya que los once fallecidos eran miembros de un retén de extinción de incendios.
A un técnico de la empresa pública estatal Tragsa también le atribuye la juez ese delito contra la seguridad laboral.
El resto de procesados (al igual que los políticos, sólo por la imprudencia grave) son el secretario municipal de Riba de Saelices y los representantes legales de las empresas Servicios y Proyectos Avanzados (SPA) y Helicópteros del Sureste.
Los familiares de las víctimas, "satisfechos"
El despacho de abogados que representa a ocho de las familias de las once víctimas mortales del incendio en el Alto Tajo guadalajareño en 2005, ha señalado que están "conformes" y "satisfechos" con el auto dictado hoy y ha anunciado que no lo recurrirán.
Una portavoz ha dicho que el auto ha sido "recogido con profunda satisfacción" por ellos y ha manifestado que "obedece a cuatro años de mucho trabajo con todo en contra".
La Junta de Castilla La Mancha, recurrirá la sentencia
El consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta recurrirán el auto dictado por la juez de Sigüenza.
Martínez Guijarro ha dicho que mantiene "la más absoluta confianza en el trabajo hecho por los profesionales" de la Junta que han sido procesados, y que le sigue llamando la atención que se pida más responsabilidad a los que trabajaron por extinguir el fuego que a los que lo provocaron. RSO