El Ministerio Público, que había pedido 30 años para el acusado, recurrió la decisión de la Audiencia Nacional, que absolvió a Murueta al considerar que la declaración policial de un coimputado, Orkatz Gallastegi, ya condenado por esta causa, no constituía una prueba suficiente para condenarle.
El Tribunal Supremo, de acuerdo con la jurisprudencia que establece que la declaración de un coimputado por sí sola no basta para dictar una condena, tampoco considera suficiente la declaración de Gallastegi, por lo que desestima la petición del fiscal y confirma la absolución de Murueta.
Los hechos a los que se refiere esta sentencia ocurrieron el 7 de noviembre de 2001 cuando Lidón, magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, fue asesinado por dos personas que le abordaron cuando salía de su casa y le dispararon causándole la muerte.
Murueta estaba acusado de haber participado en estos hechos mediante la petición a Gallastegi de que recabara información sobre los horarios, recorrido habitual y seguridad del magistrado y se la trasladara para transmitirla a su vez a los autores materiales del atentado.
El Ministerio Público sostuvo en el juicio que si Murueta no hubiera ordenado a Gallastegi realizar la vigilancia, "éste no lo hubiera hecho por su cuenta".