Dos médicos forenses examinarán a los imputados, el propietario del club deportivo de kárate, su pareja sentimental y una monitora, que están en prisión preventiva, y otros dos monitores que están en libertad. Todos ellos están acusados de haber cometido delitos de abuso sexual y corrupción de menores.
En el caso figuran 55 presuntas víctimas, de las cuales diecisiete son menores de edad, de entre 13 y 17 años, que eran supuestamente obligadas a mantener relaciones sexuales con los monitores, entre ellos y con el principal imputado, en la casa de su propiedad.
"Él decía cuándo y con quién nos teníamos que acostar...Buscaba el punto débil de cada uno de nosotros", ha declarado uno de los denunciantes.
La policía habla de Torres Baena como un líder de un grupo organizado de pederastas, alguien inteligente y manipulador.
"Si eras receptivo te subía a la tercera planta del gimnasio. Y de ahí, a su chalet". En este lugar, supuestamente, se llevaban a cabo todo tipo de prácticas sexuales sin medidas anticonceptivas.
De hecho, algunas menores han declarado que les dieron píldoras abortivas.
Los testimonios constituyen pruebas suficientes
Los supuestos hechos se remontan a 1991, por lo que en algunos casos pudieran están prescritos, han señalado las fuentes, que han indicado que las dos monitoras imputadas primero fueron víctimas de abusos.
Palomino representa en total a 25 presuntas víctimas, que se han constituido en una plataforma de la que también es portavoz, mientras que Mazorra representa a una, una mujer de la que supuestamente abusaron cuando era menor de edad.
En opinión de Mazorra, existen suficientes indicios para considerar que los testimonios de las víctimas constituyen pruebas suficientes para acreditar la realidad de los hechos denunciados. RSO