Tras la comparecencia hoy de los padres una vez más en el Juzgado de Ourense, a petición del fiscal, el abogado se remitió de nuevo a los informes psicológicos, en los que se recoge que "el ingreso provocaría un daño brutal, literalmente, al niño".
Rodríguez Díaz entregó un nuevo escrito al juez que, si bien no quiso desvelar su contenido, aseguró que recoge "un contenido muy grave".
En palabras del abogado, "se está persiguiendo a los padres" y "se han puesto demasiados cortapisas a la solución" y, en este sentido, indicó que "cualquier resolución judicial es un auténtico error".
En relación a la imputación de un delito de abandono, Rodríguez aclaró que la razón del absentismo escolar estaba justificada, debido a que "el niño tuvo un accidente y la abuela una operación" para añadir que, en la actualidad, "está en una situación que conlleva el absentismo escolar".
Ahora, a la espera de que el juez pueda dictaminar la apertura de un proceso penal, Díaz indicó que el próximo paso será "formalizar la demanda en el Juzgado de Familia y esperar a la evolución".
El abogado insistió en que "la vía penal no es la solución, pero la vía civil tampoco es la solución. La solución es hablar".
El letrado afirmó que "hay que acabar con esto por el bien del niño y seguramente no quede más remedio que someterse a aquellos que, desde la soberbia, están causando un daño brutal al niño".
La Xunta de Galicia solicitó la custodia del menor después de que un informe médico en agosto pasado alertara de insuficiencia respiratoria grave del niño, como consecuencia de su estado, ya que llegó a alcanzar un peso de 83 kilogramos, aunque según los familiares ahora pesa 70.
El abogado afirmó que "la vía penal no es la solución, pero la vía civil tampoco", por lo indicó que "la solución es hablar".
A la espera de lo que dictamine el juez y que podría suponer la formulación de un auto de incoación de procedimiento abreviado, Díaz indicó que el próximo paso que tomará será la de "formalizar la demanda en el Juzgado de Familia y esperar a la evolución".
De momento, los progenitores del menor están acusados por un delito de desobediencia administrativa y abandono, por los que se le puede imputar una pena máxima de dos años y que no conlleva el ingreso en prisión.
Así las cosas, Díaz, sin llegar a decir nombres, advirtió que "pensé que hoy ya estaba solucionado este problema y desde luego alguien ha puesto trabas".
Los padres del niño tendrán que decidir si dan a conocer, finalmente el paradero del menor que permanece oculto, tras el requerimiento del juez.
Preguntado sobre las reuniones mantenidas con el Gobierno gallego, el abogado explicó que "ni confirmé ni desmentí que hubo declaraciones, porque con un niño no se negocia, pero lo que sí hubo son conversaciones para buscar un futuro mejor para el afectado".
Por su parte, la Fiscalía continúa recabando toda la documentación relativa al caso, a la espera de presentar, "lo antes posible", el escrito de acusación, que "por ahora" no contempla próximas detenciones, según indicaron fuentes de la Fiscalía.