La mujer y su hermana melliza nacieron en Vitoria en 1979 de un matrimonio familia numerosa, que denunciaron por un delito de sustracción de menores.
Según una resolución judicial a la que ha tenido acceso Europa Press, el padre tenía problemas con el alcohol y la madre era sordomuda y no tenía medios para criar a los menores. No obstante, no querían que les quitasen a sus hijas.
Con la mediación de Cáritas, la familia solicitó que las dos hijas recién nacidas fueran ingresadas en una casa cuna.
Desde que ingresaron en este centro, los padres realizaron algunas visitas a las menores --una en 1979, dos en 1980 y otra en 1981, en esta última solo asistió la madre--. Tal y como recogía la sentencia, ni los padres ni otros familiares próximos se preocupaban por ellas ni les prestaban atención.
En enero de 1982, cuando las niñas tenían tres años, la Comisión Permanente de la Junta Provincial de Protección de Menores de Guipúzcua acordó, considerando varios informes emitidos sobre la situación, entregarlas en adopción.
Los padres biológicos se opusieron a la medida e hicieron constar en ese momento que habían presentado una denuncia contra la Sociedad Protectora de Menores por sustracción de las menores.
Sin embargo, este procedimiento acabó archivándose, según ha explicado el abogado Enrique Vila, que representa a la mujer adoptada.
Vila ha asegurado que en esta causa los padres "no tuvieron el asesoramiento jurídico oportuno, ya que se trataba de una familia con escasísimos recursos económicos sociales".
El fiscal, por su parte, cuando se le dio traslado para pronunciarse por esta adopción, también se opuso. Manifestó que pese al "irregular proceder" de los padres, no se les podía considerar a las niñas como "abandonadas".
Recordó que los padres no habían sido privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad en el procedimiento en el que denunciaron la sustracción de las menores.
Pese a la postura del fiscal y a las manifestaciones de los padres, quienes insistían en que les habían robado a las pequeñas, el juez aprobó la adopción, con lo que las mellizas pasaron a estar bajo la custodia de un matrimonio valenciano.
De esta forma se consumó, según Vila, "el robo institucionalizado de las menores".
"Los Servicios Sociales se extralimitan en sus funciones"
El letrado Enrique Vila ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que estas circunstancias recuerdan "tristemente" a un hecho que "se repite con demasiada habitualidad en la actualidad", en la que los Servicios Sociales de toda España "retiran a menores de sus familias biológicas extralimitándose en sus funciones, penalizando circunstancias sociales, económicas o culturales, sin medir el interés del menor en permanecer con su familia biológica".
Después de 38 anos separados -35 desde que se aprobó la adopción-, la mujer va a reencontrarse con sus familiares biológicos que residen en una pequeña localidad de la provincia de Cáceres, ignorantes hasta la fecha del paradero de sus hijas "robadas".