Así lo ha manifestado esta tarde la consejera de Salud, María Jesús Montero, antes de impartir en Granada una conferencia sobre el anteproyecto de la denominada Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte.
El anteproyecto de ley, pionera en España, será remitido entre hoy y el próximo lunes al Consejo Consultivo de Andalucía -órgano de asesoramiento de la Junta- para su revisión en el plazo máximo de un mes, tras lo cual será sometido a la aprobación del Consejo de Gobierno para iniciar, posteriormente, su debate parlamentario en torno al próximo abril.
La consejera prevé que antes de que acabe el año habrá concluido el trámite parlamentario y el texto habrá sido aprobado.
Durante su intervención en la Facultad de Teología de Granada, Montero ha defendido el debate a una muerte digna en un "escenario sin crispación" porque lo contrario, ha dicho, "desvirtúa" el sentido y contenido de este asunto al ser usado de forma "partidaria" por quienes tienen "posturas cerradas".
El objetivo de este texto normativo es regular el ejercicio de los derechos del paciente durante la última etapa de la vida, asegurando su autonomía y el respeto a su voluntad y dignidad, así como los deberes de los profesionales sanitarios encargados de la atención y las funciones de las instituciones y centros sanitarios.
La consejera ha dicho que para facilitar el acceso de los profesionales que prestan la atención sanitaria al documento de voluntad vital, éste se incorporará de forma sistemática y obligatoria a la historia digital de salud.
Ha anunciado también la posibilidad de ampliar los puntos asignados para que los ciudadanos puedan hacer efectiva su declaración de voluntad vital anticipada, que hasta ahora se venía registrando en las sedes de las delegaciones provinciales de Salud.
La consejera ha considerado que para responder a asuntos de esta índole como la eutanasia o el aborto es necesario delimitar entre la ética moral y la ley para no crear "espacios de confusión".
En el caso de la muerte digna, ha dicho que existe unanimidad total en cuanto al derecho de las personas que se enfrentan a la última etapa de su vida a recibir cuidados paliativos, así como un "gran consenso" en cuanto a que puedan elegir dónde recibir esos cuidados (si en un centro hospitalario o en el propio domicilio).
"Pero de nada serviría tener una ley que permitiera el derecho a morir en el domicilio si, en paralelo, el sistema sanitario no se acompaña de mejoras para ofrecer esa asistencia de calidad", ha admitido Montero.
Entre los derechos reconocidos por este anteproyecto de ley está el recibir o no, si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico para que le sirva de ayuda en la toma de decisiones.
El texto también establece la potestad del ciudadano de paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque esto pueda poner en peligro su vida, al tiempo que regula el derecho a recibir tratamiento del dolor, incluida la sedación paliativa cuando lo precise, y garantiza los cuidados paliativos integrales.
Si la persona lo desea, esos cuidados paliativos serán proporcionados en su domicilio siempre que no esté contraindicado.