El pasado 10 de septiembre la SEOM presentó una queja al Defensor del Pueblo sobre este acuerdo marco que anunció la Junta anzaluza el pasado 30 de julio, donde se incluyen medicamentos oncológicos, al considera ri que "es radicalmente contrario a la legislación estatal de prescripción y dispensación de medicamentos y discrimina gravemente a los pacientes andaluces".
A esta queja de la SEOM se adhirieron el Grupo de Tratamiento de Tumores Digestivos (TTD) y la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), para manifiesta su preocupación ante la declaración de "equivalencia terapéutica" para medicamentos distintos como ya lo anunció en el comunicado emitido el pasado 12 de septiembre.
Los oncólogos rechaza esta declaración de equivalencia terapéutica entre medicamentos oncológicos distintos porque, a su juicio, "merman las posibilidades terapéuticas, deterioran el valor de la innovación y limitan la capacidad del médico para prescribir a cada paciente el medicamento que considera más adecuado". Así, advierten de que en materia de cáncer, "la selección de uno u otro tratamiento constituye una delicadísima decisión médica en la que las actuaciones administrativas no pueden ni deben interferir".
Además, recuerdan que "el uso de los mejores tratamientos oncológicos es un derecho irrenunciable que no tiene por qué estar reñido con un empleo racional de los recursos y un mayor celo en la contención del gasto".
Por todo ello, en la reunión de este miércoles, el doctor Juan Jesús Cruz, presidente de la SEOM, ha trasladado a la Defensora del Pueblo su preocupación ante esta situación y le ha solicitado ayuda para velar porque todos los pacientes, con independencia de la comunidad autónoma en que residan, tengan acceso a todos los fármacos oncológicos con beneficios demostrados científicamente y aprobados por el Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, ha solicitado a Becerril a que inste a la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía a que retire el citado acuerdo, "de modo que no se vulneren los derechos de profesionales y pacientes, sobre todo el derecho constitucional a la protección de la salud y se ha ofrecido a informarle puntualmente de las desigualdades que vaya detectando a través de su Observatorio de Acceso a Fármacos Oncológicos".