La decisión, que se concretará ahora en las normas internas de cada institución, se suma a la ya incluida en el decreto de tasas del pasado mes de julio que permite a las víctimas la exención en el pago de matrícula.
Ambas medidas, propuestas por el Ejecutivo andaluz, dan cumplimiento al mandato de la Ley Andaluza de Universidades en el sentido de eliminar los obstáculos sociales que puedan afectar al alumnado por situaciones especiales de discapacidad, marginación, exclusión o inmigración.
Por su parte, la Ley estatal contra la Violencia de Género establece que las víctimas tienen derecho al apoyo educativo a la unidad familiar y a la formación e inserción laboral.