Si el PSOE logra formar Gobierno, una de las primeras medidas en poner en marcha sería la paralización del calendario de aplicación de la ley para evitar el desarrollo de este prueba; si se celebran nuevas elecciones, el curso finalizaría con el actual Gobierno en funciones, y la prueba la tendrían que realizarla todos los alumnos de 6º de Primaria de todas las comunidades autónomas.
Fuentes del Ministerio de Educación han indicado a Europa Press que las evaluaciones "las establece la ley y hay que hacerlas". También recuerdan que en la última Conferencia Sectorial de Educación, celebrada el pasado 13 de agosto, "todas" las comunidades autónomas "dieron su visto bueno" a que esta evaluación se celebre este curso escolar 2015-2016.
Más de una decena de comunidades autónomas anunciaron a finales de 2015 recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto que regula las características de la evaluación de 6º de Primaria aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de noviembre. Al menos tres ejecutivos autonómicos --Extremadura, Cantabria, Asturias-- ya han presentado su recurso contencioso-administrativo.
Este lunes 28 de marzo el Gobierno canario ha dado luz verde al recurso contra el decreto después de presentar un requerimiento al Estado como paso previo. Otras administraciones --Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón y Baleares-- tienen intención de hacerlo.
A finales de febrero, el Consejo de Ministros aprobó rechazar el requerimiento de la Generalitat de Cataluña sobre la evaluación de Primaria, declarándose competente para establecerla en esta comunidad autónoma, que denunciaba invasión competencial por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
El ejecutivo de Aragón considera que la evaluación de Primaria es "ajena por completo" al sentido orientador de cualquier prueba de diagnóstico y sostiene, al contrario que el ministerio, que fue "claramente rechazada" por una mayoría en la última Sectorial de Educación. Extremadura afirma que es un "trastorno" para los centros educativos y un gasto económico "extra" para las arcas regionales.
La Comunidad Valenciana alerta de que se trata de un examen para hacer "ránkings discriminatorios" de centros; Asturias señala que esta evaluación "rompe con los criterios pedagógicos de la evaluación continua"; y el Ejecutivo cántabro advierte de que supone un "cuestionamiento" de la labor del profesorado.