La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha explicado este martes 20 de diciembre en el Senado que los técnicos de su oficina que investigaron lo sucedido tras el motín registrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche el pasado 18 de octubre encontraron "dos versiones", la de internos que denunciaban malos tratos policiales y la de otros que negaban su existencia. En su opinión, "se cumplen los derechos" en estos centros, pero "la asistencia y las infraestructuras son mejorables".
Becerril comparecía ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo a petición de Grupo Socialista y el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, quienes le solicitaban detalles sobre las visitas que cinco técnicos del Defensor del Pueblo giraron al CIE de Aluche los días 26 y 27 de octubre, después de producirse una protesta por la que un grupo de internos estuvo 11 horas en la azotea del centro exigiendo su puesta en libertad.
"En nuestra visita no se pueden averiguar hechos o comportamientos que le correspondería averiguar a la Policía y al Ministerio del Interior, en eso no entramos. En lo que entramos es en los derechos de estas personas y la asistencia que reciben y creo que los derechos se cumplen y creo que la asistencia y las infraestructuras son mejorables", ha advertido la Defensora antes de entrar en detalles.
Según ha explicado, cinco personas de su oficina se desplazaron al CIE se entrevistaron a lo largo de "dos días y medio" con 90 personas, fundamentalmente internos, pero también "funcionarios, el director del centro y los servicios médicos que habían estado prestando servicios esos días".
El objetivo era "ver qué relato hacían", "ver las cámaras de seguridad que tienen aunque necesiten mejoras, ver los expedientes de los internos y examinar también si recomendaciones anteriores que había formulado la institución se habían cumplido".
Becerril ha afirmado que el motín se produjo porque el grupo de internos, fundamentalmente argelinos, "querían ser puestos en libertad y en todo caso, algunos de ellos ser devueltos a su país de origen". Según ha dicho, "los acuerdos para que estas personas puedan ser repatriadas no son fáciles" ya que "no regresan en avión, lo que hace que las estancias se prolonguen excesivamente en el CIE".
Conforme ha señalado, "algunas" de estas personas "se quejaron de malos tratos" por parte de las fuerzas policiales tras el motín. "Nosotros damos curso a lo que nos dicen las personas que protagonizaron los hechos y nos dijeron algunos de los internos que habían sufrido malos tratos", ha señalado Becerril después en declaraciones a los medios.
No obstante, ha incidido en que su oficina tiene "también otra versión". "Otras personas que estaban en el centro comentaron a las personas que realizaron la visita y a mi misma después, que no hubo malos tratos, pero hay algunas personas que afirman que sí", ha añadido la Defensora.
"Nosotros --ha proseguido la Defensora--, cuando se nos afirma que ha habido malos tratos, y alguno de los internos entrevistados lo dijeron a los técnicos del Defensor, esas manifestaciones las ponemos en conocimiento del Fiscal. Es lo que hacemos".
Durante su comparecencia ha explicado que hubo internos que declararon "que la Policía les había cacheado excesivas veces y que había irrumpido en las salas dormitorio" aunque "hay otras personas entrevistadas, muchas, que afirman que el trato de la Policía fue correcto" y que lo que había era "tensión".
"Nos dicen que había tensión, que cuando son muchos, como uno de ellos me dijo, hay tensión, pero también nos dicen que no hay malos tratos policiales", ha afirmado Becerril, para incidir en que tras plantear a esos internos si hubo "un poco de violencia o algo de violencia", la respuesta que recibieron es "que hubo tensión pero que no habían visto malos tratos ni mucho menos".
DEFICIENCIAS EN EL CIE
En cuanto a las "deficiencias encontradas en la visita", Becerril ha afirmado que "se han mejorado las condiciones" pero aún está pendiente "ampliar la asistencia sanitaria" tanto en cobertura de días y horarios como en prestaciones, ya que debería a su juicio contemplar "un examen médico a los repatriados antes de marcharse", y una mejora de la asistencia de traductores y la información a los internos.
Con todo, pide en general que se mejore la asistencia de traductores, la asistencia jurídica y la información a los internos en los ocho CIE que hay en España, así como la atención a personas vulnerables, como posibles refugiados, víctimas de trata o menores. De hecho, en la citada última visita sus técnicos recabaron expedientes de 17 internos que alegaban tener menos de 18 años de edad y cuyos casos fueron remitidos a la Fiscalía.
"Hay que mejorar la infraestructura y el modo de gestionar los centros --ha añadido la Defensora--. Esto se lo he dicho al ministro del Interior y él me ha dicho que se va a ocupar y a procurar en la medida de sus posibilidades, imagino que pensaba en las presupuestarias, mejorar las instalaciones y las condiciones de vida cotidiana de estas personas", ha añadido.
La Defensora ha dado cuenta asimismo del informe sobre el Sistema de Asilo en España que difundió el pasado mes de julio y en el que se detallaban 26 recomendaciones a las administraciones para mejorar la situación. Entre ellas, destacaba la reivindicación de un reglamento para la Ley de Asilo de 2009, aunque en su comparecencia ha asegurado que ya está listo y sólo "pendiente de la firma en el Consejo de Estado".
PODEMOS "SUSPENDE" A BECERRIL
Para la portavoz de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea Maribel Mora, Becerril "suspende como defensoría del Pueblo y como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura" porque "debió actuar de oficio" y se le pidió que lo hiciera y sin embargo, pasaron "ocho días" hasta que fue al CIE para investigar. "Nos da a entender que le está dando una función muy pobre a la institución (...) cuando tiene la competencia directa de esclarecer hechos de vulneración del Título Primero de la Constitución Española", ha asegurado.
Sin embargo, Asunción Sánchez Zaplana, del Grupo Parlamentario Popular, ha defendido que desde lo ocurrido aquel día, en la institución "han estado atentos" y vigilantes y le ha agradecido su actividad. "Los CIE son un instrumento necesario en cualquier caso respetuoso con los derechos humanos", ha sentenciado.
Para el vocal socialista en la comisión César Luena, "los CIE padecen abandono y opacidad y hay que reformarlos porque tienen que ser más eficaces". Según ha dicho, el PSOE no defiende "ni supresión ni privatización" de estos centros, sino más presupuesto y "alternativas" para quienes sólo tienen la falta de carecer de permiso de residencia.
Tanto el portavoz de ERC, Joan Rufà, como el del PNV, Joseba Agirretxea (PNV), han puesto el acento en que la Policía debería limitar sus funciones en el CIE a la seguridad del perímetro y dentro de los muros, deberían operar servicios sociales y ONG.
Mientras, desde Ciudadanos, Rodrigo Gómez García ha incidido en que "la tensión que se vivía y que se produce" en el CIE tiene dos causas, "los días que están los internos en los centros, que son demasiados por lo que los procedimientos se tienen que agilizar y tiene que ser más rápidos y sencillos, y por las condiciones, que se tienen que mejorar".