El proceso, que contará con el testimonio de los campesinos y la presencia del ministro de Justicia, Tarso Genro, se celebrará en la ciudad de São Domingos do Araguaia, situada en el sureste del estado amazónico de Pará, región en la que, a inicios de los 70, intentó conformarse un movimiento guerrillero contra el régimen.
El Ministerio de Justicia informó hoy que antes del proceso colectivo para determinar si los campesinos tienen derecho a una indemnización se realizará un homenaje a los habitantes de la región perseguidos por la dictadura debido a supuestos vínculos con la guerrilla, muchos de los cuales "fueron torturados, secuestrados y mutilados".
Los sucesos de la región del río Araguaia, de acuerdo con el propio Gobierno, son una de las heridas dejadas por los 21 años que duró la dictadura, que la democracia aún no logrado cerrar.
El naciente movimiento guerrillero estaba vinculado al entonces proscrito Partido Comunista do Brasil (PCdoB) y pretendía constituir un foco rural para combatir al régimen.
Sin embargo, fue aniquilado antes de trabar un solo combate, una vez que el Ejército descubrió que la guerrilla estaba en proceso de formación.
Pese a que las cifras no están claras, se cree que el movimiento estaba conformado por cerca de 80 guerrilleros, de los cuales unos pocos salieron vivos, entre ellos el actual diputado José Genoino, ex presidente del Partido de los Trabajadores (PT), hoy en el Gobierno.
El resto de los militantes, de acuerdo con organismos de derechos humanos, fue en su mayoría capturado, asesinado y enterrado en la selva, y sus cuerpos nunca fueron localizados.
De los campesinos que vivían en la región, 271 han denunciado que no tenían filiación política alguna, pero aun así fueron perseguidos y torturados por militares que intentaban obtener información sobre los guerrilleros.
Además de examinar mañana los primeros 91 casos, los miembros de la Comisión de Amnistía tomarán declaraciones el próximo viernes a los otros 180 campesinos o a sus familiares, pues muchos han fallecido.
"Más de treinta años después, el Estado brasileño presentará sus disculpas oficiales a los campesinos perseguidos por la dictadura", declaró Paulo Abrão, presidente de la Comisión de Amnistía.
El Ministerio de Justicia ha destacado que este será el primer caso en que sean estudiadas las denuncias de persecuciones presentadas por personas que "no eran militantes políticos, sino gente del pueblo, que también sufrió los horrores de la dictadura".
El caso de la guerrilla de Araguaia fue denunciado por grupos humanitarios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recibirá posteriormente el resultado de los procesos que comenzarán mañana.
En su demanda, los organismos de derechos humanos han pedido que se determine la responsabilidad legal del Estado brasileño en esos sucesos y que se establezcan indemnizaciones para los familiares de los guerrilleros que nunca recuperaron los cuerpos y para todos los campesinos que dicen haber sido perseguidos.
Asimismo, exigen castigo para los responsables de asesinatos y torturas, que fueron protegidos por una polémica Ley de Amnistía promulgada por la dictadura en 1979, que benefició a los militantes de izquierdas y también a los agentes del régimen. EFE