La diferencia de trato hace que una empresa española pueda introducir por primera vez en el mercado un suplemento tras notificarlo a las autoridades locales, mientras que para el mismo propósito una empresa extranjera debe solicitarlo ante la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), lo que conlleva costes más elevados.
Así las cosas, Bruselas cree que España "obstaculiza la libre circulación de mercancías" en este sector y discrimina a las sociedades con sede en otro Estado miembro.
España tiene ahora dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir la situación, de lo contrario el Ejecutivo comunitario podrá elevar en caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).