La Comisión Europea estudia la respuesta que las autoridades españolas le han remitido por el expediente que le abrió el pasado 15 de marzo por entender que España no ha transpuesto correctamente la directiva comunitaria que regula el libre movimiento de personas y espera resolver el caso español "en otoño".
El Ejecutivo comunitario en cambio autorizó el pasado 11 de agosto al Gobierno español a reintroducir la exigencia de permiso de trabajo a los ciudadanos rumanos que quieran ir a vivir a España, un requisito que les levantó en 2009, en base a las "graves alteraciones del mercado laboral español", aunque como muy tarde lo ha autorizado hasta el 31 de diciembre de 2012.
Fuentes del Ejecutivo comunitario han avanzado a Europa Press que la Comisión ha llamado la atención a España porque "la legislación española introduce condiciones más estrictas que la directiva sobre libre movimiento de la UE que han solicitado el retorno al país después de que la persona haya sido expulsada por motivos de orden público o seguridad pública".
La Comisión también está "preocupada" porque "la legislación española parece no respetar" el plazo de 30 días de gracia que otorga la directiva comunitaria para hacer efectiva la expulsión del país después de que las autoridades competentes del Estado miembro ya hayan solicitado de manera oficial que un ciudadano de la UE o un miembro de su familia abandone el país.
Otro de los aspectos problemáticos de la transposición reside en el método utilizado para expedir un permiso de residencia permanente para los familiares de ciudadanos de la UE de terceros países, un derecho que consagra la directiva comunitaria. "En España, la duración de la residencia se calcula a partir de la fecha de solicitud de la tarjeta de residencia. Sin embargo, si una persona es capaz de presentar pruebas de la fecha de entrada en España, el periodo de residencia anterior a la aplicación o la obtención de la tarjeta de residencia debe tenerse en cuenta", han explicado fuentes comunitarias.
La Comisión también tiene alguna preocupación "con respecto al derecho de residencia" porque "la legislación española no garantiza retener el derecho de los miembros de una familia de un ciudadano de la UE en el caso en que haya una anulación del matrimonio o pareja de hecho".
Igualmente, Bruselas no está de acuerdo en que "la legislación española no garantice tarifas reducidas a los miembros familiares de ciudadanos de la UE" cuando viajan desde las islas Canarias, las islas Baleares, Ceuta y Melilla, han explicado fuentes comunitarias.
Las fuentes comunitarias consultadas no han querido adelantar si la Comisión está conforme con la respuesta de las autoridades españolas, que llegó el pasado 9 de junio, han explicado que siguen estudiando el caso y que decidirán en todo caso en "otoño", previsiblemente en septiembre.
La Comisión Europea decidirá entonces si remite a España un dictamen motivado, el segundo paso de un procedimiento de infracción y el último paso antes de enviar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE o da por buenas las respuestas del Gobierno español, han explicado las fuentes.
Además de España, la Comisión ha abierto procedimientos de infracción contra Austria, Chipre, República Checa, Alemania, Malta, Lituania, Suecia, Polonia, Reino Unido entre marzo y junio de 2011 por no transponer correctamente la directiva comunitaria.
Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia ya han remitido borradores de enmiendas y calendarios precisos para introducir cambios legislativos a Bruselas, que también ha dado por "suficientes" las clarificaciones que le han remitido por su parte Portugal y Finlandia. La Comisión también estudia el caso de Bélgica.