Mientras, los grupos de la oposición se han quejado por las "trabas" del procedimiento como "la tasa, el examen o el viaje a España", pese a las cuales, han adelantado que apoyarán la ley, cuya aprobación definitiva se votará en la tarde de este jueves en la Cámara Baja.
El ministro de Justicia ha destacado que "hoy es un día histórico" 500 años después de que España "cerrara la puerta" a miles de judíos españoles expulsados en 1492, un hecho al que los sefardíes han respondido "con constancia en el recuerdo" y "amor a España". Desde la tribuna de invitados, seguían el debate representantes de las comunidades judías, entre ellos, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac Querub.
Por su parte, Margallo ha ensalzado que los sefardíes hayan mantenido "las tradiciones españolas y la lengua, el ladino". También se ha referido al proceso de paz en Oriente Medio para defender la postura del Gobierno español "por la solución de dos estados, un Israel seguro con una Palestina en paz".
Durante el debate, el diputado del PP, Gabriel Elorriaga, ha defendido que la ley no es compleja sino "precisa" para "identificar correctamente" a los descendientes de judíos españoles y ha asegurado que se trata de un texto que "resuelve dificultades".
Elorriaga ha aclarado que la adquisición de la nacionalidad española por los sefardíes estará sujeta al plazo de 4 años pero no así en las circunstancias excepcionales por razones humanitarias, casos para los que la norma quedará "permanentemente en vigor" para poder ofrecer la nacionalidad a aquellas comunidades sefardíes que en el futuro puedan sufrir persecución.
También ha precisado que la comparecencia personal de los interesados en solicitar la nacionalidad solo se realizará cuando el notario que gestiona el procedimiento esté convencido de que el interesado reúne las condiciones, es decir, cuando el grado de avance del procedimiento sea "muy alto", por lo que, según ha puntualizado, "no habrá desplazamientos inútiles".
Asimismo, ha pedido que se haga todo lo posible para que antes del 1 de octubre de 2015, cuando entrará en vigor la ley, hayan sido resueltos todos los expedientes pendientes de adquisición de nacionalidad por causa de naturaleza.
TASA, EXAMEN Y VIAJE A ESPAÑA
Durante el trámite en el Senado del proyecto de ley para la adquisición de la nacionalidad de los sefardíes, el PP introdujo varias enmiendas por las que recuperaba el pago de una tasa por los interesados en iniciar el proceso, reducía de dos a uno el número de comparecencias personales que deberá realizar el solicitante y acotaba la norma a los sefardíes eliminando los preceptos relativos a la adquisición de nacionalidad por residencia. Además, se mantiene la competencia del Instituto Cervantes para elaborar y realizar unas pruebas de conocimientos.
En relación a estas modificaciones, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, María del Carmen Silva Rego, ha tachado de "bochornoso" el modo en que se ha tramitado este proyecto. "Se pasó a un batiburrillo de normas", ha matizado.
Por ello, ha indicado que, aunque apoyarán el proyecto, votarán en contra de las enmiendas referentes al cobro de la tasa "porque la adquisición de un derecho no debe estar sujeta a precios" ni de las relativas a la prueba para demostrar la especial vinculación con España. Además, ha criticado que la ley deja "la puerta abierta a la privatización" al dejar la gestión en manos de los notarios.
Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha destacado que esta ley supone "un gesto político" pero también "cicatero" porque añade un procedimiento "tortuoso". Concretamente, ha criticado el hecho de que los notarios sean los encargados de gestionar la adquisición de la nacionalidad y la tasa de 100 euros, cuestiones que, a su juicio, dejan "insatisfechos" a los propios sefardíes.
"No hay un acto de reparación parcial si provoca agravios e injusticias en otros", ha agregado, al tiempo que ha lamentado que la norma no se haya extendido a moriscos, saharauis o nietos de españoles que ya no tienen la nacionalidad. En cualquier caso, a pesar de la "insatisfacción", ha adelantado que no van a obstaculizar este trámite.
DE 4.000 A 6.000 EUROS
El diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Jon Iñárritu, ha calificado la ley de "paso positivo" pero ha indicado que les causa "decepción" todas las "dificultades" que se han puesto, a su juicio, para adquirir la nacionalidad a los sefardíes.
Entre estas trabas, el parlamentario ha enumerado la tasa, el examen, el plazo, el viaje a España o el hecho de que no se haya reconocido un mayor papel a la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y ha subrayado que a cada sefardí le costará entre 4.000 y 6.000 euros el procedimiento.
Para Iñárritu, lo que el Gobierno piensa es "que cuantos menos sean los solicitantes, mejor" y, con el filtro económico "se asegura que solo adquieran la nacionalidad los que tengan un alto poder adquisitivo".
En esta línea, el portavoz de CiU, Jordi Jané i Guasch, que ha mostrado su apoyo a este proyecto, ha advertido de que "muchos anhelos se van a frustrar cuando entre en vigor la ley" porque, a su parecer, "se trata más de una ley escaparate que de una ley que en la práctica tenga los efectos que se quieren". "Es una carrera de obstáculos", ha remarcado, en referencia a las trabas citadas por el resto de parlamentarios.
Por su parte, el diputado del PNV, Emilio Olabarría, ha indicado que "nunca es tarde para hacer justicia" pero ha precisado que algunos puntos del texto provocan "reservas" como el test en el que se les pedirá conocimientos de Derecho Constitucional Español y de la lengua española. Para el parlamentario, estos conocimientos también deberían ser exigidos a todos los diputados.
Mientras, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha destacado el carácter "reparador" de esta norma que "merece una singularidad" y ha alertado de que aún hoy en España existe "antisemitismo".