En un comunicado, recuerdan que las denominadas 'devoluciones en caliente' constituyen "una práctica ilegal que contraviene el régimen jurídico previsto y establecido" en la legislación vigente y deducen que si ahora se quiere legislar al respecto, es porque "el gobierno sabe y conoce que no están ajustadas al derecho vigente".
"Por tanto las órdenes que se estén dando por los responsables políticos correspondientes o en su caso los mandos policiales, incurren en un delito de prevaricación", concluye el sindicato.
En cuanto a la forma, critica que el intento de modificar la ley se produce "de manera subrepticia y alevosa en las disposiciones adicionales, que no en el texto articulado, del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana", incluyéndolo así en una ley "que nada tiene que ver con la regulación de la inmigración".