Los sindicatos consideraban que el acuerdo, firmado el 30 de julio de 2013, estaba "hurtando" su derecho a la negociación colectiva y con ello su derecho a la libertad sindical, por ese motivo interpusieron un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, cuyo sentencia determinó la legalidad de los acuerdos suscritos.
Tras este falló acudieron al Tribunal Supremo que, según sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, declara que no hay lugar al recursos de casación interpuesto e impone las costas a los recurrentes, poniendo fin al proceso impugnatorio.
Así, alega que "el Acuerdo impugnado en instancia es muy gaseoso en su terminología como lo acredita el elevado uso del vocablo "promover" puesto de relieve" y, por tanto, "los Acuerdos impugnados constituyen solo compromisos abiertos que no afectan a la negociación colectiva".
Y, "dado que lo impugnado son meros compromisos abiertos, no ha sido quebrantado el derecho a la negociación colectiva", y considera que los acuerdos impugnados incluyen compromisos amplios que deberán ser concretados, en su caso, a través de la negociación colectiva, dado que se trata de una regulación lo suficientemente abierta como para permitir la incorporación de las sugerencias sindicales.