Así, el CERMI ha enviado un escrito a todos los portavoces parlamentarios en la que les solicita el mantenimiento de dicha comisión, que existe desde 2004. Hasta la fecha, esta comisión parlamentaria ha tenido siempre caracter permanente pero no legislativo.
A juicio del CERMI, dotarle de ese 'poder legislativo' supondría "la expresión nítida del compromiso del legislador con la causa de las personas con discapacidad", un 10% de la población española, más sus familias.
Es más, sostiene que la constitución de dicha Comisión ayudaría a que la discapacidad entre a formar parte del núcleo de asuntos de importancia de la agenda política, tras décadas de "desatención e preocupación escasa".
En este sentido, el CERMI denuncia que la vigencia y aplicación en España de la Convención de la ONU sobre Derechos de la Personas con Discapacidad, de diciembre de 2006, hace necesaria una "amplia y profunda" transformación del ordenamiento jurídico de la discapacidad, "por lo que no hay duda de que la Comisión tendrá tarea legislativa".