Los contactos tienen lugar después de que el Ejecutivo regional haya decidido prescindir de los profesionales con más experiencia en la atención a estos estudiantes, alegando que la última reforma laboral prohíbe encadenar contratos por obra y servicio por un período superior a los 24 meses.
El objetivo que persiguen estos encuentros es el de buscar alternativas viables que permitan atisbar una solución al perjuicio que supone esta medida adoptada por la Administración regional, que es "claramente negativa para los alumnos y alumnas", que vulnera los preceptos normativos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal (Liondau).
Según ha manifestado ya el Comité, esto tendrá "consecuencias nefastas" para un colectivo de estudiantes tan vulnerable como es el del alumnado con necesidades educativas especiales.
En las reuniones con los distintos grupos parlamentarios se ha puesto de manifiesto que la medida adoptada por la Comunidad recientemente, coincidiendo con la vuelta a las aulas para muchos alumnos y alumnas, supondrá, en primer lugar, la imposibilidad de que se beneficien de la amplia experiencia asistencial que tienen estos profesionales, entre los que se encuentran Diplomados Universitarios en Enfermería (DUEs), fisioterapeutas e integradores sociales, que atesoraban, en muchos casos, años de experiencia y que conocían ya a los menores, así como sus patologías y sus necesidades.
Asimismo, también acarreará que se incorporen nuevos profesionales y que resulte imposible realizar propuestas de intervención educativa a largo plazo, debido a la movilidad e inestabilidad laboral de los encargados de desarrollarlas, por lo que muchos logros alcanzados en el desarrollo educativo de estos menores se verán frustrados o, cuando menos, ralentizados.
Durante el transcurso de estas reuniones, los distintos representantes de los grupos parlamentarios mostraron su "buena disposición" a proponer y debatir los "ajustes razonables" con el fin último, precisamente, de que los alumnos y alumnas con discapacidad no sufran las consecuencias de esta medida y para que, de idéntico modo, sus derechos fundamentales no se vean vulnerados.