La pena contra la oficial de Justicia M.L.P.V. se ha impuesto hoy, cuando estaba previsto celebrar el juicio, por conformidad de las partes, según ha informado a Efe el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Zamora, Rafael Carlos de Vega.
En un principio, el Ministerio Fiscal había solicitado para la acusada una pena de un año y seis meses de prisión por un delito de infidelidad en la custodia de documentos y cuatro años y seis meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un funcionario en el ejercicio de su cargo.
Finalmente, la pena por el primero de los delitos quedó reducida a seis meses y por el segundo a un año y medio de cárcel.
Ello se debe a que la Fiscalía ha tenido en cuenta la atenuante de alcoholismo y ha entendido que la falsedad documental no la cometió la funcionaria en el ejercicio de su cargo, ya que no era su cometido anotar en el registro los expedientes que se remitían al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial de Zamora.
En un registro practicado en enero del año pasado en la vivienda de la funcionaria en Benavente, cuando ésta ya se había incorporado a su nuevo destino en Bilbao, se encontraron quince expedientes de causas por drogas, robo con fuerza, contra la seguridad del tráfico, lesiones y contra la propiedad industrial.
Las diligencias judiciales de estos quince casos se habían iniciado entre los años 1991 y 2001 y constaban en los libros de registro del Juzgado de Instrucción número dos de Benavente como remitidos entre 1994 y 2005 al Juzgado de lo Penal o la Audiencia Provincial de Zamora, a donde nunca llegaron.
La sentencia de conformidad reconoce que la funcionaria tenía encomendada la tramitación de estos procedimientos y debido al retraso, con el fin de "evitar broncas reprimendas o expedientes disciplinarios", decidió anotar que se habían remitido al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial de Zamora para "ocultar el estado atrasado de las causas".
Los procedimientos se los llevó a casa en bolsas que ocultó en un armario de la vivienda, donde fueron encontrados en un registro efectuado por la policía judicial el 25 de enero de 2008.
Además de las penas de prisión, la sentencia impone a la acusada por el delito de infidelidad en la custodia de documentos una multa de seis meses con una cuota diaria de 4 euros y la inhabilitación especial para empleo en cargo público durante dos años.
Por el delito continuado de falsedad en documento oficial deberá pagar una multa de ocho meses con una cuota diaria de cuatro euros, además de imponerse las costas judiciales a la acusada.
La atenuante de alcoholismo se ha tenido en cuenta a partir del informe emitido el 19 de junio de 2009 por un médico forense de Bilbao, en el que se reconoce que la acusada sufre un trastorno por dependencia al alcohol que ha alterado la capacidad de comprender el carácter ilícito de las conductas cometidas.
Al margen de la responsabilidad judicial de los hechos, contra esta funcionaria se abrió un expediente disciplinario que se había paralizado hasta que hubiese sentencia firme por los hechos.