Tal como estaba previsto, este órgano asesor, que elaboró el dictamen a petición del PP catalán, ratifica de esta forma el modelo de inmersión lingüística y permite la no aplicación de forma general de la tercera hora de castellano que pide el Ministerio de Educación.
"El Tribunal Constitucional ha desvinculado el derecho a la educación de cuál sea la lengua docente de la enseñanza, de manera que ha dicho que no se deriva (...) de la Constitución un derecho a ser instruido en la lengua de preferencia de los padres, tutores o alumnos", dice el dictamen, cuestionado por uno de sus miembros, Josep Borrell, elegido a propuesta del PPC.
Pese a desestimar las quejas del PPC sobre el trato que se da al castellano en la ley, el Parlament deberá modificar el redactado de diversos artículos, dos de ellos relacionados con la Formación Profesional y con la enseñanza deportiva, por contravenir la Ley Orgánica de Educación.