El titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, Juan Emilio Vila, aprecia un posible delito de "estafa" en el doble sueldo del exdelegado de la Generalitat en Madrid y exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona José Ignacio Cuervo en el Hospital Sant Pau de Barcelona y en el Instituto Catalán de la Salud (ICS).
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que el exgerente del Sant Pau, Jordi Varela, pidió al ICS poder contar con lo servicios de Cuervo, y aunque éste siguió cobrando del instituto público, firmó dos contratos sucesivos "sin que este organismo lo supiera".
Cuervo firmó de forma sucesiva dos contratos laborales con la fundación de gestión del Sant Pau y con la fundación privada del mismo centro en febrero y junio de 2011, respectivamente, un periodo en el que a su vez cobró unos 47.000 euros del ICS.
El juez detalla en su auto que el primero de los contratos se produjo para realizar el mismo trabajo por el que ya cobraba del ICS, y aunque aprecia que el pago del ICS no era suficiente y la nómina "debía de ser completada", el pago adicional nunca fue comunicado y en la práctica el organismo público ignoraba que existía un pago paralelo.
En el segundo de los contratos, en cambio, el trabajo encargado no tenía nada que ver con las funciones que se desarrollaban en el ICS, aunque éste "habría seguido pagando por una adscripción funcional, cuyo objeto habría sido cambiado, dejando el primero (contrato) sin contenido y sin que nada se comunicara al ICS", reza el auto.
Varela justificó la cesión de Cuervo alegando el despliegue del campus de excelencia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), además de los trabajos técnicos del Plan funcional del nuevo instituto de investigación y la creación de un centro de innovación en alianza con I2Cat, aunque el exdirector del ICS Enric Argelagués y el director de recursos humanos Xavier Saballs han manifestado en sede judicial que desconocían la existencia de otro contrato laboral.
Por todo ello, el juez establece que el ICS "ha de ser considerado como perjudicado", aunque hasta el momento no se ha personado en la causa como acusación --recuerda--, y puede deducirse que, más allá de la estafa, al tratarse el actor de un funcionario público y el objeto de la contratación también pública, se podría dar una estafa agravada.
De este modo, el auto descarta sobreseer la causa y abre la "posible incriminación", además de notificar su resolución a la Fiscalía y a las partes de la acusación para que soliciten la apertura del juicio oral, formulen escrito de acusación o la práctica de diligencias complementarias
COMPARECENCIA EN EL PARLAMENT
Cuervo compareció en julio en la comisión de investigación del Parlament sobre posibles irregularidades en la gestión sanitaria, en una intervención en la que aseguró que su contratación por parte del Sant Pau fue legal y ajustada a los trabajos que realizó para el centro.
El exdelegado de la Generalitat en Madrid y exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, que compareció el mismo día que lo hicieron los también imputados Jordi Varela --exgerente del hospital-- y Ricard Gutiérrez --exalto cargo del Gobierno central y exdirectivo del hospital--, desvinculó que su contrato a partir de 2010 se hubiera producido por su adscripción al PSC.
Cuervo aseguró entonces que su contrato con el Sant Pau, pese a producirse cuando CiU ganó las elecciones y tuvo que abandonar su cargo de delegado de la Generalitat en Madrid, se inició porque ya era inspector médico del ICS y tan solo recuperó su plaza laboral, durante seis meses, antes de volver a su trabajo anterior en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Según adujo él mismo, la contratación se produjo por su dilatada experiencia laboral en el ámbito sanitario, y exclusivamente para elaborar el plan que debía desarrollar la fundación de investigación del centro, por lo que se dio de alta como autónomo: "Me considero un buen gestor público", aseguró entonces.