El pasado 24 de febrero, la joven de 25 años llegó al aeropuerto para solicitar asilo político por correr riesgo su vida en Venezuela, motivado a que es un miembro activo de la política de oposición en dicho país.
Según han relatado desde la asociación, no quiso inicialmente solicitar asilo político porque le habían informado que dicha solicitud tenía que ser tramitada dentro del territorio español, y por tanto, simplemente intentó ingresar como turista y luego ejercitar su derecho.
Asimismo, han explicado que la mujer fue retenida por presuntamente no contar con medios económicos suficientes para su estancia como turista en España, aunque contaba con 2.000 euros y una reservación de hotel pagada por siete días. Será expulsada el próximo 2 de marzo.
Desde la asociación han denunciado que la abogado de oficio provista por el Estado español no se comportó de forma profesional, ya que según ellos no se presentó siquiera como abogado.
Además, han criticado que las instalaciones de el área de retenidos de la terminal no tiene las condiciones para cuidar adecuadamente de una bebe de 4 años, ni cuenta con una trabajadora social, o comida o infraestructura para recibir detenidos por tanto tiempo como ellas han tenido que estar allí. Por ello, se encuentra representada por el equipo de profesionales del CEAR.