Según ha informado el Ayuntamiento, un informe técnico municipal certificó que existía riesgo estructural en el edificio y obligó a una actuación de urgencia para desalojarlo y que los propietarios acometieran las intervenciones necesarias para asegurarlo.
El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana y Territorio, Carles Castillo, ha destacado "el trabajo rápido y coordinado del Ayuntamiento que ha permitido resolver un conflicto de convivencia y seguridad" sin tener que esperar a una resolución judicial debido al riesgo en el edificio.
"Desde la Guardia Urbana se han coordinado las acciones para conseguir el desalojo y se ha mantenido contacto constante con los vecinos de la zona para que conocieran las gestiones y acciones para asegurar la convivencia", ha insistido.
Desde su ocupación, la Policía Local activó el protocolo de actuaciones en casos de ocupación de inmuebles, coordinado con otros departamentos del Ayuntamiento, que se inició con la identificación de los ocupantes y el contacto con la propiedad para que pudiera denunciar e iniciar el proceso de desalojo.