La llegada del ex dictador al Juzgado de la calle Misiones de Montevideo desde el penal de Domingo Arena, esposado, con un visible chaleco antibalas y en medio de un fuerte dispositivo policial, fue recibida por un grupo de personas con gritos de "asesino" y demandas de justicia.
Esa era la primera vez en la que Gregorio "Goyo" Álvarez, quien se encuentra en prisión, comparecía ante los familiares de Luzardo, que tratan de averiguar si el ex dictador ordenó que no se asistiera médicamente al miembro de los tupamaros cuando fue herido en una operación policial contra esta guerrilla urbana.
Álvarez era entonces jefe del Estado Mayor Conjunto y habría sido el responsable de que se le prestara o no a Luzardo esa asistencia médica cuando fue ingresado en el Hospital Militar herido de bala.
Roberto Luzardo fue acusado por el régimen cívico militar de haber sido uno de los autores del atentado que acabó con la vida del coronel Artigas Álvarez, hermano del que fuera dictador uruguayo.
Para el careo de hoy, el ex dictador compareció ante el juez Juan Carlos Fernández Lecchini en calidad de indagado.
No obstante, Álvarez se encuentra en prisión después de que en diciembre de 2007 fuera procesado por su responsabilidad en los traslados clandestinos desde Argentina en 1978 de disidentes uruguayos, algunos de los cuales fueron asesinados en cuarteles del Ejército.
Al careo en torno a la muerte de Luzardo acudieron sus hermanos Raúl y Beatriz, y su madre, Ana Blanco, aunque otros hermanos del fallecido estuvieron también presentes en el Juzgado.
"No nos alienta el odio ni la venganza en esta causa; estamos preocupados para buscar la Justicia", dijo Raúl Luzardo al diario digital Observa.
Otro de los hermanos del guerrillero, Néstor, dijo a la prensa al terminar el careo que ahora "el juez tiene todos los elementos para tomar cartas en el asunto y llegar a una conclusión".
Néstor Luzardo subrayó a la página digital Montevideo Portal que, "sin dudas", su hermano fue asesinado, pues hay incluso "escritos de médicos de la época que apuntan a que lo dejaron morir".
Sin embargo, tal y como señalaron a la prensa los familiares del militante tupamaro al concluir el careo, el ex dictador insistió en que no tuvo nada que ver con la muerte.
Néstor Luzardo también subrayó a la prensa que su Roberto no participó en el atentado mortal contra el coronel Álvarez.
Esta comparecencia se produce un día después de que el Parlamento uruguayo respaldara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en varios de sus artículos, como había hecho días antes el Gobierno del presidente Tabaré Vázquez.
La Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en 1989, garantizó la impunidad a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985).
Ahora es la Suprema Corte de Justicia la que debe dar un dictamen tras considerar la opinión del Parlamento, reunido ayer en su Asamblea General, y del Ejecutivo, teniendo en cuenta también que no es vinculante este respaldo al planteamiento de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad presentada por la fiscal Mirtha Guianze.
Está previsto que la Asamblea General presente hoy a la Corte Suprema de Justicia los resultados de su sesión extraordinaria de ayer, en la que sólo el gobernante Frente Amplio, en mayoría en el Legislativo, apoyó esa inconstitucionalidad.
La causa abierta contra Álvarez fue declarada por el Gobierno uruguayo al margen del amparo de la Ley de Caducidad al referirse su procesamiento al delito de "desaparición forzosa", relacionado con las acciones del llamado Plan Cóndor.
Este operativo fue organizado en los años setenta por los regímenes dictatoriales del Cono Sur para eliminar y reprimir de forma concertada a los disidentes y opositores políticos.