En un comunicado, pide sacar del debate político el concepto de plan estatal de rescate porque considera que confunde a la opinión pública, refuerza la idea de que "todo se debe a una coyuntura adversa de la economía", y convierte la situación de vulnerabilidad de miles de ciudadanos en una situación "excepcional".
Además, recuerda que las medidas de protección a las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión son competencia autonómica y local por lo que "cualquier iniciativa 'de rescate', si lo que pretende son atenciones urgentes, inmediatas, de protección social básica, no pueden llevarse a cabo desde organismos estatales".
En su opinión, lo que debe poner sobre la mesa el siguiente gobierno es en primer lugar, la derogación de la reforma de la administración local por la que los servicios sociales pasan a ser competencia de las comunidades autónomas, modificar el Código Civil para eliminar la responsabilidad patrimonial universal ilimitada y crear una ley que proteja a los particulares en quiebra por sobreendeudamiento y aprobar una Ley Estatal de Rentas Mínimas.
Asimismo, defienden la reposición de "los recortes en la financiación estatal de la Dependencia", recuperar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales hasta el nivel previo a los recortes, la incorporación en la Constitución de los derechos sociales como derechos fundamentales y la consolidación de los Servicios Sociales como un "Sistema Público de Protección Social basado en derechos subjetivos establecidos de forma universal mediante leyes básicas que garanticen su homogeneidad en todo el territorio".