Así lo han indicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo en respuesta a la denuncia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en la que señala que el pliego recoge que "se valorará positivamente que los licitantes para gestionar este servicio pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad, pero en ningún caso es un requisito obligatorio".
Desde Educación argumentan que este documento sí contempla como "condición indispensable" todas las medidas encaminadas a favorecer a la discapacidad, "por cuanto han de cumplirse todas las normas reguladoras de la contratación en el sector público", entre las que se encuentra la normativa referente a la accesibilidad.
Además de esto, sostienen que el pliego "contempla como mejora la inclusión de medidas de accesibilidad que superen los mínimos contemplados en la normativa general".