Se ha escudado con "el derecho de las familias a escoger el proyecto educativo que crean más conveniente para sus hijos e hijas", por lo que han manifestado su desacuerdo con el planteamiento del Supremo en un comunicado.
La Fapel ha apoyado su argumento con que les avalan 20 años de financiación con fondos públicos en los que han prestado un servicio "legal, legítimo y de calidad", en el marco de la Ley de Educación de Cataluña (LEC).
Pese a mostrarse respetuosos con el fallo, han considerado que el alto tribunal cae "en una contradicción" porque, mientras reconoce la validez de la educación diferenciada, tilda de discriminatorio el sistema de admisión de alumnado a los centros que segregan.
La Consejería de Educación de la Generalitat, que ha defendido en varias ocasiones este modelo educativo, ya ha manifestado que mantendrá hasta el 2014 los conciertos --fecha límite de los contratos firmados en 2010--, si bien también ha indicado que estudiará "a fondo" los fallos.