España ha aceptado la recomendación elevada por el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de "revisar y modificar" las medidas que "puedan obstaculizar el acceso de los migrantes a derechos básicos como la salud, la educación y la vivienda", compromiso de cuyo cumplimiento deberá dar cuenta en el próximo Examen Periódico Universal.
Esta es una de las 174 recomendaciones aceptadas total o parcialmente por España de las 189 que ha recibido tras comparecer en el Examen que periódicamente el Consejo va realizando a los distintos países para evaluar el grado de cumplimiento de los Derechos Humanos en su territorio.
El pasado mes de enero, España compareció en Ginebra y el resto de países expuso sus recomendaciones. Este jueves se ha aprobado el informe definitivo, que recoge el listado de propuestas que España acepta, las que asume parcialmente --aunque no detalla qué parte adopta y cuál no de cada una-- y las que rechaza por no estar de acuerdo.
En ese listado de recomendaciones aceptadas totalmente, figura la mencionada sobre modificar las medidas que obstaculicen el acceso de los migrantes a la salud. Este asunto figura también en al menos tres de las recomendaciones aceptadas parcialmente, que pedían evaluar las consecuencias negativas de los ajustes presupuestarios en relación con el acceso universal a la salud y a la educación" o "revisar la reforma del sector de la salud a fin de garantizar los servicios de atención sanitaria para los migrantes".
Entre el resto de compromisos adquiridos por España ante la ONU figuran asimismo la creación de un mecanismo interministerial para dar cumplimiento a dictámenes y recomendaciones de organismos internacionales y poner en marcha una segunda edición del Plan de Derechos Humanos, que tal y como explica Rights International Spain (RIS), lleva pendiente desde hace ya tres años.
La organización destaca además que España ha recogido la petición de tomar medidas para combatir la discriminación racial, étnica y religiosa, incluyendo expresamente el uso de perfiles étnicos por parte de la policía, aunque "se ha negado a aceptar la recomendación consistente en la aprobación de una Ley de Igualdad que incorpore los estándares internacionales de lucha contra la discriminación en todas sus formas" por entender que su normativa es ya "suficiente".
"Está desoyendo de este modo los muchos reproches que ha recibido nuestro país en este ámbito, pues seguimos careciendo de un organismo independiente con funciones para investigar, y en su caso litigar, casos de discriminación, así como suficientes garantías procesales para las víctimas de discriminación", explican desde RIS.
Tampoco ha querido aceptar la recomendación elevada por varios países de revisar las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal que entrarán en vigor el próximo 1 de julio y que, como recuerda la ONG, "han sido calificadas unánimemente por la comunidad internacional como una amenaza al ejercicio del derecho a la protesta pacífica".
Además, aunque España ha asegurado que garantizaría los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, se ha negado a derogar la disposición de dicha Ley de Seguridad Ciudadana que ha legalizado la devolución automática de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla.
Por otra parte, se han adoptado compromisos genéricos sobre prevenir e investigar denuncias de tortura y malos tratos, así como ha aceptado revisar la detención incomunicada. No obstante, "no ha aceptado proceder a derogar este régimen, tal y como habían solicitado varios Estados, en consonancia con lo también recomendado por los organismos internacionales en la materia", tal y como señala la ONG.
A lo largo de la sesión, representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil han intervenido para ofrecer su punto de vista, como Médicos del Mundo o Cáritas. RIS ha realizado una declaración conjunta con Internacional Service for Human Rights en la que han denunciado que la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal "criminalizan el mero ejercicio pacífico de las libertades de expresión, reunión e información".
Según estas organizaciones, "la única respuesta adecuada del Estado español [...] es la suspensión de la entrada en vigor de estas reformas en tanto se revisen y se adecuen al Derecho internacional", tal y como han expresado ante el plenario, donde también se han referido a la reforma de la Ley de Justicia Gratuita, que "pone en peligro el acceso", las "presiones políticas" a jueces y magistrados y los "ataques a la independencia judicial".
Cáritas, por su parte, ha puesto el acento en los efectos que la gestión de la crisis han tenido sobre los Derechos Humanos en España, ha señalado la urgencia de "abordar un marco estructural de la emergencia habitacional que cientos de familias" viven en la actualidad y ha reivindicado para ello una reforma en profundidad tanto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como de la Ley Hipotecaria, así como un Pacto estatal Por la Vivienda.