"Es un tema que preocupa muchísimo, sabemos que muchas de las radicalizaciones que se están produciendo hoy en día en Europa lo son en el ámbito penitenciario", ha explicado el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, Javier Herrera García-Canturri, en una entrevista concedida a Europa Press. También ha indicado que preocupa en el ámbito académico.
Por este motivo, la Dirección General de Cooperación Jurídica y Relaciones con las Confesiones, dependiente del Ministerio de Justicia, junto con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, del Ministerio del Interior, y la Universidad Rey Juan Carlos se han presentado a este concurso de ayudas europeas.
"Hemos presentado un proyecto muy interesante, muy potente. Todavía no está resuelta esa línea de ayudas, pero creemos que si la Comisión Europea aprueba la financiación para este proyecto, saldrá un estudio bien interesante y con importantes conclusiones de utilidad práctica", ha asegurado Herrera García-Canturri.
En esta misma línea, el Ministerio del Interior ha lanzado un nuevo programa de desradicalización que se desplegará en las prisiones y que está focalizado en un centenar de yihadistas. En este programa se contempla la "co-ayuda" de la Comisión Islámica de España (CIE) para que los imanes penitenciarios --en la actualidad son una quincena--, además de una asistencia espiritual, hablen a estos presos del marco jurídico español, de las normas de convivencia y los derechos fundamentales.
El subdirector general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia y representante de este Ministerio en el Plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta, Jaime Rossell, ha apuntado que se está trabajando para generar un plan de formación en este sentido.
"Se está trabajando en esta línea de acreditar que los imanes penitenciarios tengan una formación no solo de carácter religioso sino también en derechos fundamentales, que conozcan nuestro ordenamiento jurídico y que, igual que van a prestar asistencia espiritual, les hablen un poco también del marco jurídico y las normas de convivencia de la sociedad española", ha puntualizado Rossell. Si bien, ha precisado que en España no existe el problema de radicalización en prisiones que tienen otros países europeos.
Además, ha indicado que el Ministerio de Justicia tiene poco que decir en el ámbito de prisiones, más allá de ayudar en la medida de lo posible a la CIE en sus relaciones con la secretaría general de Instituciones Penitenciarias.