Este evento ha servido, por tanto, para debatir acerca de la Ley 10/2013, la cual "obliga a laboratorios, almacenes mayoristas y farmacias a aportar la información necesaria para hacer posible el reembolso debido por las oficinas de farmacia", indican.
Ante ello, Valdés se muestra de acuerdo, aunque sostiene que este sistema debe ser consensuado entre los agentes, así como que "sería conveniente que éstos tengan posibilidad de participar en los órganos de decisión".
No obstante, la implementación de los denominados precios notificados, de acuerdo al artículo 90 del RD 16/2012, "extendió la preocupación entre las empresas de distribución farmacéutica y las oficinas de farmacia", según se ha expuesto durante el encuentro.
El motivo de ello es que la dualidad entre los precios notificados y los precios financiados "implicaba que las oficinas de farmacia tuviesen que aplicar uno u otro en función de si el medicamento acabase siendo, efectivamente, financiado con cargo a fondos públicos o dispensado a un paciente con receta privada", explican.
De cualquier forma, y tras la modificación del punto 6 del artículo 90, se deja claro que "es la farmacia la que compensa", es decir, que todos los suministros se hacen a precio financiado, señalan. Este mecanismo "debe contar con la aprobación de la Agencia Tributaria", manifiestan.
Sin embargo, y a pesar de todo ello, Valdés solicita que se revise el nuevo sistema y demanda "que se definan las bases de actuación ante este nuevo modelo para cada uno de los agentes". Para él, lo contrario "ocasionará conflictos y tensiones entre las partes implicadas".