El dictamen aprobado el martes por el Consejo Fiscal defiende que se informe a los padres cuya hija menor de 18 años vaya interrumpir voluntariamente su embarazo para que así puedan ejercer su derecho a la patria potestad.
En este punto, los miembros del Consejo obtuvieron un "consenso básico", porque salvo en cuestiones formales, progresistas y conservadores coincidieron en que los padres de una menor en esta situación "no se pueden quedar al margen".
Este consenso no se obtuvo sin embargo en otra de las grandes cuestiones que plantea el proyecto de ley: el aborto libre durante las primeras 14 semanas de gestación. El informe, respaldado por seis de los once vocales que actualmente conforman el Consejo, cuestiona la constitucionalidad de este precepto y su compatibilidad con la jurisprudencia dictada por el Alto Tribunal.
Según explicó el presidente de la Asociación de Fiscales, Guillermo García-Panasco, "esta es la diferencia fundamental" entre las posiciones de conservadores y progresistas, pues los primeros, que ganaron la votación, defienden que "podría ser inconstitucional permitir este sistema de plazos sin que concurra ninguna otra causa" que motive la interrupción del embarazo.
En este sentido, apuntó que siguiendo la doctrina del Constitucional, este precepto no sería viable porque "con una ley d plazos no se produce ninguna colisión de derechos" entre la madre y el hijo, ya que "la mera decisión de una persona implica directamente que se puede hacer la interrupción del embarazo y por tanto, ese valor queda automáticamente desprotegido".
Este miércoles, el informe será remitido al Ministerio de Justicia junto a los votos particulares de quienes se pronunciaron en contra del dictamen, en este caso, el Fiscal General del Estado, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y los vocales elegidos por la Unión Progresista de Fiscales. EPF