Más de 2.000 representantes de pueblos y comunidades indígenas de todo el mundo se reúnen hasta el 29 de mayo en la sede de la ONU para analizar este y otros aspectos de la implementación de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007 por la Asamblea General del organismo.
Sus 46 artículos establecen los estándares mínimos de respeto a los derechos de los 370 pueblos indígenas del mundo, que incluyen los derechos a la tierra, a los recursos naturales de sus territorios y a la preservación de sus conocimientos tradicionales.
"El desafío que hoy afrontamos es cómo poner en práctica de manera eficiente esta declaración", dijo el presidente de la Asamblea, Miguel D'Escoto, en el discurso inaugural del período de sesiones.
D'Escoto señaló que los Gobiernos y las organizaciones multilaterales, como la ONU, deben esforzarse para que los indígenas participen en todas las esferas sociales y económicas.
En ese sentido, felicitó a Australia por la reciente decisión de su Gobierno de ratificar la declaración universal, después de que este país, Canadá, EE.UU. y Nueva Zelanda fueron los únicos que hace tres años votaron en contra de su adopción.
"Es una ironía que los que han hecho más para proteger a la Madre Tierra, sean los más afectados por la voracidad de la industrialización", apuntó el presidente de la Asamblea General.
D'Escoto, que es un sacerdote católico de la orden Maryknoll, ensalzó las creencias espirituales de los pueblos indígenas, tradicionalmente vinculadas al respeto a la naturaleza.
La presidenta del Foro Permanente, Victoria Tauli-Corpuz, lamentó en su intervención que "la discriminación y el racismo sean todavía una realidad para los indígenas".
"Es muy importante que los indígenas estén representados en todos las instancias en las que se toman decisiones", recalcó.
En particular, en este octavo período de sesiones se analizará la relación de los pueblos aborígenes con las empresas de extracción, a las que se acusa en general de haber ignorado hasta ahora los derechos y las libertades de las comunidades en las que trabajan.
En estas reuniones se analizará un informe en el que se asegura que los proyectos de las industrias extractoras afectan de manera desproporcionada a los indígenas.
Industrias como la petrolera o la minera causan graves daños ecológicos a las tierras indígenas, provocan la pérdida de cultivos o destruyen prácticas ancestrales, según un resumen del informe.
En contraste, el documento llama la atención sobre empresas que, conscientes de su responsabilidad social, hacen coincidir sus intereses económicos con el bienestar de las comunidades en las que trabajan.
Pone el ejemplo de la compañía minera australiana Argyle, que cuenta con un acuerdo con las comunidades locales en las que reconoce su derecho de propiedad de las tierras explotadas y establece una relación a largo plazo.
Así, el informe recomienda que los Gobiernos integren los principios de la declaración universal en sus legislaciones para proteger los derechos de los indígenas en la explotación de sus tierras ancestrales.