El conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha pedido disculpas este jueves por las "molestias" que hayan podido causar a afectados, entidades sociales y ayuntamientos los cambios en el sistema de pago de la renta mínima de inserción (RMI), también conocida como Pirmi, en pleno mes de agosto.
En una visita a la Fiesta Mayor de Gràcia de Barcelona, Cleries ha asegurado que éste ha sido un control puntual e "imprescindible", y ha confirmado que la Generalitat volverá el próximo mes al método de pago anterior, de transferencia bancaria, y abandonará el cheque nominativo por correo certificado.
Ha indicado que un 20% de los preceptores todavía no ha pasado a cobrar, lo que a su parecer demuestra que "algo no acaba de funcionar", y ha sostenido que el Govern analizará uno por uno todos estos casos.
El conseller, en sus primeras declaraciones desde que se desató la polémica, ha defendido que el cambio se haya realizado en agosto, ya que "para hacer un control todos los meses son malos o son buenos".
Ha negado que la Generalitat esté "criminalizando a nadie", en alusión a las acusaciones recibidas desde la oposición y los sindicatos, y ha remarcado que la normativa del Pirmi establece que sus preceptores tienen la obligación de comunicar sus cambios de residencia, así como que aquellos que se marchen de Catalunya pierden esta prestación.
"Nosotros a pagar y responder, pero las personas también tienen que responder cumpliendo su plan de reinserción laboral y social", ha remachado.
Ha justificado la modificación en los requisitos para tener derecho a la RMI alegando que esta ayuda "se está desvirtuando" por el incremento del paro, y ha lamentado que la Generalitat no se puede hacer cargo de todo.
En este sentido, ha apuntado a una reformulación de los programas de ayuda, así como a una reubicación de sus beneficiarios, de tal modo que la Generalitat pueda tener recursos para ayudar a quien lo necesite, "sin que nadie les tome el pelo".
A pesar de su determinación, ha sostenido que los decretos "no son algo cerrado" y ha abierto la puerta a corregir posibles errores, así como a incorporar las peticiones de sindicatos y entidades sociales que sean viables.