Así, el Ministerio "reafirma su compromiso" para devolver la zona a su estado anterior al inicio de las obras del hotel en 2003, según se acordó entre la Administración central y la Junta de Andalucía en 2012, tras encomendar a TRAGSA en 2012 realizar un estudio sobre las actuaciones necesarias para demoler y restaurar la zona. Este estudio presupuestó el proyecto en 7,17 millones de euros.
Entonces, en 2012 el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaron realizar la demolición "conjuntamente", en caso de que los tribunales establecieran que procedía tal derribo.
El Gobierno se pronuncia así después de la sentencia de este jueves del Tribunal Supremo que aclara que El Algarrobico se asienta sobre un terreno "no urbanizable" y, por tanto, la instalación debe retirarse. En todo caso, recuerda que este asunto se refiere a "competencias municipales y autonómicas" pues aborda la clasificación del suelo desde el punto de vista urbanístico y sobre su titularidad.
El hotel comenzó a construirse en 2003 ocupando parcialmente una zona de servidumbre de protección, un ámbito donde las competencias son autonómicas.
Posteriormente, el deslinde del dominio público marítimo terrestre del tramo costero donde se ubica el hotel, aprobado en una orden ministerial del 8 de noviembre de 2005 fue declarado "conforme a derecho" definitivamente por sentencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo y 18 de julio de 2012. Así, el Ministerio confirma que "no hay pendiente ningún pronunciamiento en relación con esta cuestión".
En todo caso, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Amiente señaló este jueves a Europa Press que el Gobierno debe ahora "analizar al detalle la sentencia" del Tribunal Supremo, que aún no conoce, para "determinar sus consecuencias y velar por su estricto cumplimiento", dentro del respeto al marco competencial que regula una situación compleja como ésta.
En este contexto, en un comunicado el Ministerio defiende la reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno porque "evita que situaciones de inseguridad y confusión como la de El Agarrobico puedan repetirse en el futuro, tras incorporar una cláusula que lo impide, la llamada cláusula 'antialgarrobico'.
De este modo, la citada cláusula permite que la Administración del Estado, tan pronto como tenga noticia de que una licencia municipal infringe la Ley de Costas, pueda suspenderla en vía administrativa. De este modo se evita que se pueda avanzar en un costoso proceso de construcción que finalmente resulte inviable.
Según el Gobierno, esta cláusula introduce un mecanismo de control de la Administración del Estado que, sin duda, evitará uno de los problemas más graves que presentaba la legislación anterior, como es la urbanización descontrolada y consecuente degradación del litoral.