El decreto transpone al ordenamiento jurídico español una directiva europea relativa a la vigilancia y el control de este tipo de traslados.
Según ha informado el Ejecutivo al término de la reunión, la protección sanitaria de los trabajadores, de la población y del medio ambiente exige que los traslados de residuos radiactivos estén sujetos a un régimen común.
Según el Gobierno, aunque la aplicación de la legislación actual es satisfactoria, es necesario hacer una revisión de la misma para abordar situaciones inicialmente no previstas por la normativa vigente, para simplificar el procedimiento para el traslado de residuos entre estados, y para garantizar la coherencia con otras disposiciones comunitarias e internacionales.
El Ejecutivo ha señalado que el número de traslados de los materiales que entran en el ámbito de aplicación de este decreto es muy reducido, por lo que la incidencia en el sector será pequeña.
Según loa datos facilitados por el Gobierno, en los dos últimos años sólo se han visto afectados por esa normativa dos traslados.
En fue un envío de Francia a España (a la Central nuclear de Vandellós II) de los residuos que resultaron de la descontaminación de un equipo, y en 2008, un envío de Francia a España (a la Central nuclear de Trillo) de los residuos de la descontaminación de otro equipo.