La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que, nada más tener conocimiento de los hechos, el Ejecutivo puso en marcha "todos los medios" para averiguar lo sucedido y "exigir el cumplimiento estricto de la ley". "Esta misma mañana, hace poco más de una hora, el trabajador accidentado, Franns Rilles Melgar, ha sido regularizado por razones extraordinarias", ha señalado.
Fernández de la Vega ha explicado que la Inspección de Trabajo acudió "de forma inmediata" a la empresa panificadora de Real de Gandía en la que trabajaba el inmigrante boliviano, y emitió un informe en el que se "aprecian graves deficiencias de seguridad e higiene".Además, el informe constató que el trabajador no estaba dado de alta en la Seguridad Social y se ordenó la clausura de la actividad de la empresa.
Diligencias
La vicepresidenta ha recordado además que el informe fue remitido a la Fiscalía, que ha abierto diligencias para averiguar si se han podido cometer delitos "contra la seguridad en el trabajo, de contratación ilegal de trabajadores, y de lesiones graves por imprudencia".
Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el instructor del caso ha acordado, entre otras diligencias, tomar declaración en calidad de imputados a los dos hermanos, aunque de momento no ha fijado fecha para el interrogatorio.
El trabajador boliviano Franns Melgar Vargas, que sufrió la amputación de su brazo izquierdo el pasado 28 de mayo, estaba empleado en la empresa en situación ilegal, trabajaba doce horas al día y cobraba 700 euros al mes, según sus declaraciones.
Según el sindicato Comisiones Obreras, el jefe del trabajador tiró el brazo a un contenedor de basura después del accidente, lo que impidió la reimplantación, le dejó a 200 metros del hospital y le pidió que no dijera nada sobre su situación laboral.
Más trabajadores en situación irregular
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, ha confirmado que había más trabajadores en situación irregular en la panificadora. "Tenemos constancia de que éste no era el único trabajador extranjero que carecía de afiliación y alta en la Seguridad Social. En las actuaciones iniciales que se han llevado a cabo, parece que había tres personas más en esas condiciones", ha afirmado.
En su comparecencia de prensa semanal, Peralta ha asegurado que tiene constancia de que hoy mismo se iba a registrar la solicitud para autorizar la residencia de Rilles Melgar, y ha afirmado que una vez cumplido este "trámite necesario" el Gobierno tiene "la mejor predisposición" para regularizar su situación.
El delegado del Gobierno ha defendido la actuación de las instituciones del Estado, tanto de Inspección de Trabajo como de la Policía en ese caso y las ha calificado de "adecuadas".
"El mismo día que se produjeron los hechos se personó Inspección de Trabajo en el local y se adoptaron medidas de paralización de determinados equipos, algunos de los cuales habían sido manipulados por la empresa, y se cortaron otros que guardaban relación con el suministro eléctrico", ha explicado Peralta.
El representante del Gobierno en la Comunitat ha destacado que igualmente se citó a la empresa a comparecer ante la Inspección y que la Policía también se personó en la panificadora el día de los hechos para llevar a cabo las diligencias correspondientes. "Desde entonces no se ha dejado de trabajar", ha puntualizado.