Así, los ecologistas instan a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que estime sus recursos y prosigan con las actuaciones judiciales ante la existencia de infracciones penales.
Greenpeace recuerda que el incidente se produjo en noviembre de 2014, cuando durante una protesta contra las prospecciones petrolíferas que Repsol realizó en el archipiélago canario fueron "violentamente embestidos" por miembros de la Armada, que estaban protegiendo al barco de la multinacional. Tras el choque, tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad que "sigue en recuperación".
La ONG precisa que el primero de estos recursos pide a la Audiencia que testifiquen los mandos del buque de la Armada Relámpago para conocer qué órdenes dieron a sus embarcaciones, ya que consecuencia de ellas fue el "empleo desproporcionado de violencia contra civiles desarmados e indefensos".
Asimismo, ha presentado otro recurso contra el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. En este sentido, la ONG cuestiona la conducta de los pilotos de la Armada que declararon como imputados (hoy investigados), ya que según los hechos y posteriores resultados podrían haber cometido los delitos de lesiones y daños, tanto a las personas como a las embarcaciones de los activistas.
Asegura también que "en ningún momento" los pilotos de las lanchas de Greenpeace recibieron órdenes de detención por parte de los botes de la Armada.
A este respecto, el responsable de campaña de Greenpeace Julio Barea ha manifestado que la ONG no comparte "en absoluto" la argumentación del juzgado que entiende que los miembros de la Armada actuaron en el cumplimiento de su obligación con el mandato legal y eso les permitía utilizar la violencia necesaria y que por tanto están exentos de culpa.