La organización ecologista señaló en un comunicado que, en lo que va de año, ACUMAR "no invirtió un solo peso" en el saneamiento del río, "pese a que dispone de 135,4 millones de pesos (36,5 millones de dólares) para todo este ejercicio, un 70 por ciento más que el año anterior".
Greenpeace presentó hoy un informe en el que realiza una evaluación crítica de la actuación de ACUMAR en los diferentes aspectos del Plan de Saneamiento al que le obliga a llevar adelante el fallo de julio de 2008 de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.
En el informe se incluye una evaluación realizada en conjunto con la Universidad de Exeter (Reino Unido), que muestra que en los últimos diez años la situación de las aguas del Riachuelo no ha variado, sino que en varios puntos se ha agravado, ya que se han registrado altos niveles de sustancias peligrosas.
El análisis, basado en muestras de descargas líquidas y sedimentos tomados en distintos puntos de la cuenca, arrojó como resultado niveles altos de sustancias contaminantes como nonilfenol, que daña el sistema reproductivo, y exaclorociclohexano, que es cancerígeno.
Además, clorobencenos, que provocan alteraciones en el hígado, los riñones y el sistema nervioso; o tolueno, que afecta el cerebro y los riñones.
Por estos motivos, Greenpeace ha dado un impulso a su campaña "Rescate del Riachuelo", para lo que cuenta desde el pasado martes con la ayuda del rompehielos "Arctic Sunrise", que llegó a Buenos Aires para participar en el comienzo de la campaña a través de varias acciones de saneamiento del río.
Para ilustrar la variedad de contaminantes presentes en la cuenca, Greenpeace desplegó hoy en la desembocadura del Riachuelo en el Río de la Plata una decena de globos flotantes con la inscripción de los símbolos químicos de las principales sustancias tóxicas presentes en las aguas.
La contaminación del río Matanza-Riachuelo, un curso de agua de 64 kilómetros de extensión que marca el límite sur de la capital argentina, afecta a alrededor de cinco millones de personas, aseguró a Efe el director político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga.